MARÍA XOSÉ PORTEIRO HABITACIÓN PROPIA
13 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.La Lei de recoñecemento da galeguidade fue la quinta de la primera legislatura y desarrolla el artículo 7 del Estatuto por el que se reconoce su galleguidad a las comunidades gallegas constituidas fuera de la patria, «o que posibilita a súa inserción na vida social e cultural do pobo galego, sen que iso implique a concesión de dereitos políticos» (sic). En su título II, Del alcance y contenido del reconocimiento de la galleguidad, se indican las actividades que se podrán promover desde la Xunta, referidas al ámbito cultural y lingüístico. No se contemplan las situaciones de precariedad, precisamente las que más duelen cuando se trata de emigrantes que ya han superado la edad laboral y viven en países en difícil situación. Los derechos fundamentales -voto, nacionalidad y percepción de las pensiones no contributivas- le fueron reconocidos a los emigrantes por las Cortes. De esta forma y previa inscripción en el Censo Español de Residentes Ausentes, cada vez son más numerosos los gallegos de primera, segunda e incluso tercera generación que participan en las elecciones gallegas, que pueden contar con un pasaporte comunitario o que pueden percibir una pensión asistencial aunque nunca hubieran cotizado a la Seguridad Social. Pero todos estos derechos son administrados, en la práctica, por la Xunta de Galicia, merced al amparo de la citada Lei da Galeguidade que le permite disponer de una amplia red de información e influencia en los colectivos emigrantes, bajo el pretexto de la difusión cultural. Después de la intensa polémica que rodeó a la campaña autonómica en la emigración, el presidente de la Xunta tomó de nuevo la delantera al convertir la designación del nuevo secretario xeral para las relaciones con las comunidades gallegas en el exterior en el primer nombramiento de su nuevo gobierno. La idoneidad de Aurelio Miras Portugal, ex-director xeral de Turismo, antes diputado y coordinador territorial del PP para América, viene avalada por una bien probada experiencia como gestor y por su conocimiento de la problemática más difícil de los emigrantes gallegos, auténticos trasterrados que perdieron su primera patria en el viaje de ida y que ahora deben resignarse a perder la segunda en el de retorno. Difícil tarea, que debería hacerse con humanidad y justicia, dejando a un lado los objetivos partidarios de gobierno u oposición. Las leyes protegen a los emigrantes, pero también los hacen vulnerables porque su vínculo con Galicia es más emocional que real. En el caso de hijos y nietos, ese vínculo puede quedarse, incluso, en lo anecdótico. Sí pueden, en cambio y legítimamente con su voto, decidir el futuro de esta tierra igual que si conocieran a fondo su realidad. Quizás en esta VI legislatura se deba reclamar un nuevo planteamiento hacia los gallegos de fuera, basado más en atender sus necesidades en el hogar al que la vida les llevó, que a plantearles mezquinos chantajes afectivo-políticos.