ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
13 oct 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Así podría titularse la entrevista con el señor Beiras que ayer publicaba este periódico. No, no Beiras in love, sino in low, es decir, in low profil (en perfil bajo), expresión de la que los americanos echan mano para describir la intención de mostrar moderación. El líder nacionalista logra transmitir en La Voz tal sensación: mucha Constitución, mucho Estatuto, mucha concordia, y mucha distinción entre la forma de gobernar que se propone y los objetivos que se persiguen a medio y largo plazo. ¡Pistonudo! Sólo cuando de la literatura se pasa a la lingüística, cambia, ¡y cómo!, el planteamiento de las cosas. Beiras defiende, así, la necesidad de reforzar las políticas de discriminación positiva del gallego que, según él, el Partido Popular habría ignorado por completo. No parece, sin embargo, que las cosas hayan sucedido de tal modo. Muy por el contrario, hay sobrados motivos para pensar que esas políticas han dado de sí en Galicia todo lo que las mismas pueden dar, sin que con ellas se penetre en el ámbito peligroso de una pura y simple discriminación sin adjetivos. Pues ha sido la discriminación positiva, y no otra cosa, la que explica que en un país de hecho bilingüe, el gallego sea hoy el único idioma oficial que se utiliza en la Administración autonómica y en las universidades. O el único que se usa en el único canal de televisión pagado con fondos autonómicos. O el único, en fin, que da lugar a generosas subvenciones culturales. Pese a sus excesos, esa política ha sido probablemente inevitable para intentar corregir una deriva que amenazaba gravemente la pervivencia del gallego como lengua. Pero, como todo el mundo sabe, las medidas administrativas son insuficientes, por sí solas, para modificar de forma sustancial los hábitos lingüísticos de un pueblo. Salvo, claro, que se esté dispuesto a utilizarlas con la finalidad de invadir los espacios de libertad de las personas. Todo depende, a fin de cuentas, de que se parta de que los ciudadanos que hablan castellano están haciendo uso de un derecho del que no pueden ser privados, o están, por el contrario, incurriendo en una patología social que es urgente corregir: la de hablar un idioma equivocado.