RAMÓN BALTAR OTERO DE POTROS
10 sep 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Un par de faltas en ataque no forzadas de la Iglesia Católica española han vuelto a causar escándalo en las gradas de la opinión pública estival. Falta de reflejos y desnortada, ha despachado las críticas a su actuación como rebrotes de anticlericalismo antañón, sin caer en la cuenta de que la vuelta de éste implicaría la de un clericalismo. Muy sonada fue la revelación de que algún obispado y órdenes religiosas habían sido víctimas de una manera de tocomocho de ingeniería financiera. Los engañados aducen que es lícito tratar de obtener rendimiento marginal al patrimonio que los fieles destinan para las responsabilidades de la Iglesia, siempre superiores a sus recursos. Pero, en el caso de una institución que predica el desprecio del dinero («vivir sin propio», ideal seráfico), se esperaría que lo lícito cuadrara con lo ejemplar y lo discreto. Porque no es edificante la imagen de una Iglesia dedicada a actividades con tufo especulativo, y poco discreto arriesgar el principal por unos réditos azarosos. Al joven rico recomendó Jesús vender sus bienes y repartir los dineros entre los pobres, inversión evangélica la más rentable. Cosas del Galileo, un tipo poco práctico. Peor acogida tuvo el despido de dos profesoras de religión con el achaque de que su vida privada no es congruente con la materia enseñada. (Un apunte técnico: si la eficacia de los sacramentos no depende de la virtud del celebrante, ¿por qué la docencia ha de requerir la del enseñante?). Fuera de los aspectos legales del asunto, lo cierto es que la justificación de los despidos ha revelado las quiebras del sistema actual: si la religión católica es una asignatura como las demás, está fuera de razón exigir santidad de vida al profesor; si la religión se entiende como adoctrinamiento, entonces no tiene sitio en la escuela pública salvo en la capilla. La catequesis sólo cabe en la comunidad de fe. En medio del barullo no faltaron oportunistas que hablaran de revisar los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, desfasados y en parte inconstitucionales. Habrá que hacerlo a no tardar, pero antes convendría crear una clima de entendimiento entre los dirigentes políticos y religiosos cuyas relaciones se vienen moviendo entre el desprecio y el miedo. Y desde luego evitar palabras y tonos que suenen a amenaza o a cobro de atrasos: no es justo echar a la Iglesia a los pies de los caballos. Igual que, todo hay que decirlo, están de más en una sociedad plural algunas manifestaciones de eclesiásticos que incluyen descalificaciones de otros códigos éticos no coincidentes con el católico. Llamar verbigracia concubina o adúltera a una señora que está casada por lo civil es algo más que una falta de caridad, es un ejercicio de soberbia. Si el Estado deja a la Iglesia convertir sus aulas en púlpitos financiados y la Iglesia pretende parasitarlo, el mandato constitucional de separación de ambos poderes no se cumple y la convivencia peligra. Corresponde al poder político acabar con esta bochornosa situación.