ENRIQUE CURIEL
15 ago 2001 . Actualizado a las 07:00 h.No creo que Aznar olvide fácilmente el verano del 2001. La trama político-financiera de Gescartera crece por horas, desborda al Gobierno y emerge una malla de intereses, conexiones, silencios y decisiones gubernamentales que amenazan con llevarse por delante a toda la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y a uno o varios ministros implicados en el asunto por acción o por omisión. La juez Teresa Palacios tiene tarea por delante. Indicios de prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsificación, vulneración de la ley de incompatibilidades y evasión fiscal, rodean una gestión repleta de irregularidades, de la que el Gobierno «no sabía nada», aunque el Ministerio de Defensa retiraba los fondos, advertido de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, lo más grave no es que Enrique Giménez-Reyna y Pilar Valiente, presidenta de la CNMV, mintieran en sus comparecencias públicas, o que ingenuos inversores de dinero blanco y negro pierdan sus ahorros, o la sorprendente presencia de fondos públicos de empresas de la SEPI y de organismos de Interior. Lo que resulta más grave es que la CNMV ha perdido la confianza indispensable para los operadores financieros nacionales e internacionales, cuando faltan pocos meses para la plena vigencia de la moneda única. El texto refundido de la ley de 1998 encomienda a la CNMV nada menos que «la supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos». ¿Qué crédito puede tener nuestro país si la presunta corrupción nace de la propia CNMV, nombrada y sostenida por el Gobierno? ¿Qué garantías tenemos del funcionamiento de los sistemas de control en la Bolsa? ¿Qué otras cosas habrán ocurrido y nunca conoceremos? El Gobierno ha reaccionado in extremis, aceptando la comisión de investigación que deberá determinar las responsabilidades de la CNMV y las del Ejecutivo. Pero Rato y Montoro lo tienen muy difícil. No olvidemos que la CNMV la nombra el Gobierno, la propia comisión tiene que elevar anualmente informes al Congreso de los Diputados y el artículo 14 de la ley establece que «el control económico y financiero de la CNMV se llevará a cabo (...) a cargo de la Intervención General de la Administración del Estado». ¿Qué han hecho durante estos años ese organismo y la Agencia Tributaria? El PP creía que con la dimisión forzada de Giménez-Reyna y paseando a Roldán varios días por Zaragoza tenían cortafuegos suficientes para frenar la avalancha. Pero no ha sido así, y el restablecimiento de la confianza en el organismo de control financiero constituye una prioridad que Aznar deberá atender con las decisiones oportunas, por muy dolorosas que resulten para él.