AL DÍA / Pedro Villalar
02 jul 2001 . Actualizado a las 07:00 h.La inexistencia de una ley de huelga, que determine con claridad los servicios mínimos de los servicios públicos, las sanciones imponibles a quienes no los cumplan así como los procedimientos de mediación obligatoria, previos al conflicto, que deben utilizarse preceptivamente en tales empresas estratégicas, es la causa del caos que ha dañado la imagen de nuestro país y el porvenir de la industria turística este pasado fin de semana en Baleares. ¿Qué tiene que pasar para que el Gobierno tome cartas en el asunto y se prepare una iniciativa legislativa en tal sentido? ¿Acaso no se advierte que, al privilegiarse unos derechos sobre otros, se está dañando a sectores muy relevantes de la sociedad? ¿No se ve que la autorregulación que reclaman las centrales sindicales como única norma limitante del derecho de huelga no es útil para impedir desastres como el que acaba de vivirse? Ser liberal no significa inhibirse de los problemas ni evitar la injerencia del Estado allá donde este tiene que desempeñar un papel de arbitraje entre intereses opuestos o cuando menos divergentes. No se entiende el silencio de la Administración ante lo sucedido.