PEDRO VILLALAR
29 mar 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Cuando la aplicación de las leyes provoca grave alarma social o indignación colectiva o genera disfunciones institucionales evidentes, hay que pensar necesariamente que nuestros legisladores son incompetentes. Mucho se ha dicho de la mala calidad de la acción legislativa del Parlamento español, imputable al escaso nivel intelectual promedio de diputados y senadores, pero ahora son los hechos los que corroboran esta impresión. Inquietud La prensa de estos días hace mención a dos noticias inquietantes: por aplicación de la nueva Ley de Menores, una de las asesinas de Clara García, la muchacha andaluza fríamente acuchillada, está ya en libertad, y la otra lo estará en breve. Asimismo, uno de los policías municipales de San Sebastián condenado por ser informante de ETA, regresa al cuerpo, vistiendo uniforme y portando el arma reglamentaria, tras cumplir la correspondiente pena de prisión. Algo falla en el sistema legal cuando la opinión pública tiene que encajar noticias como éstas. Las Cámaras legislativas tienen la obligación de prever las consecuencias de sus decisiones. Y los ciudadanos tenemos la obligación de reprender a nuestros representantes por estas chapuzas que tienen padres bien conocidos.