ENRIQUE CURIEL
22 mar 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Esta vez la Iglesia Católica no ha respondido con el silencio o la negación de los hechos conocidos oficialmente desde 1995. Lo cual es un buen síntoma y puede significar el inicio de una lenta actualización y revisión crítica de una institución muy polémica, tanto desde el punto de vista de los propios católicos, como desde la actitud de aquéllos que no compartimos, pero respetamos, las creencias religiosas. Ahora hemos conocido lo que no era ningún secreto. Informes elaborados por instituciones eclesiásticas, responsables de organizaciones misioneras, sacerdotes y coordinadoras de Cáritas, han llegado al Vaticano poniendo en su conocimiento violaciones de monjas, abortos obligados, exigencias de favores sexuales para trabajar en una diócesis o para disponer de determinados certificados. Tales prácticas se extienden, al menos, por 23 países. Caben tres tipos de consideraciones desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, no se puede confundir la parte con el todo. La tarea insustituible de miles de misioneros y monjas, especialmente en el Tercer Mundo, en defensa de la justicia y de los miserables de la tierra, poniendo en peligro su vida acosados por los poderosos, no puede verse empañada por la cuestión suscitada. Por otra parte, el problema tiene una vertiente estrictamente interna de la Iglesia Católica a la que corresponde buscar una solución. Pero, como opinión externa, estimo que la propia institución del celibato y su relación directa con el ejercicio del sacerdocio requiere una revisión por el Vaticano. Desde que fue implantado por Gregorio VII en 1074 y ratificado en el Concilio de Letrán, en el año 1123, el mundo y la teología han variado sustancialmente. Hoy, miles de religiosos y religiosas viven el celibato como un drama íntimo, situados ante un conflicto imposible. ¿Acaso no se puede ejercer un sacerdocio intenso dentro de un matrimonio y de una familia con hijos? Por último, desde la perspectiva civil del Estado no confesional, los poderes públicos no pueden pasar por alto presuntas vulneraciones de derechos fundamentales. Además de religiosos, son ciudadanos vinculados por deberes colectivos que tienen que observar. No existe un mundo aparte carente de ley civil. Por ello, cabe exigir del Vaticano la adopción de medidas rigurosas que correspondan a su ámbito de actuación sin complicidades dolosas y, de cada país, la aplicación de las leyes para castigar a los culpables, que además de sacerdotes son ciudadanos.