RAMÓN BALTAR
14 mar 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Apenas se ha discutido el fondo del destemplado ataque del Gobierno, y sus estribaciones mediáticas, contra la Conferencia Episcopal por el pacto antiterrorista. No debe despacharse como reflejo esperpéntico de la singular querencia martirial del catolicismo español: procesión de repúblicos de inspiración católica coceando a sus obispos en el hueso sacro, venid y vamos todos con insultos a porfía. Porque la maniobra abortada quería forzar la autonomía de la Iglesia y emplearla en trabajos poco edificantes. No les importó mover una de las piedras angulares de nuestra arquitectura constitucional y revivir prácticas de infelice recordación. Como es público e interesadamente olvidado, el Reino de España es un Estado aconfesional: los obispos no tienen escaño en las Cortes, y los políticos no entran bajo palio en la casa del Señor. Los distintos gobiernos de la democracia han mostrado gran deferencia y liberalidad hacia la Iglesia Católica, trato privilegiado al que ésta, renuente a todo cambio y amicísima de negocios seculares, dio en corresponder con lealtad de boquilla al nuevo ordenamiento (para muestra, el silencio del 23-F) y descaradas intrusiones en la vida política con achaque de iluminar conciencias. Pero los responsables de la primera parte contratante no sólo no supieron ayudar a la segunda parte subvencionada a reducirse a su misión espiritual sino que, al requerirla de aval del arreglo bipartidista, han escenificado un feo rebrote de neoconfesionalidad estatal, en la variante ibérica de gubernamentalcatolicismo. Nunca se ponderará bastante la inventiva patria. Sobre anacrónico, un endoso episcopal de ese calibre presenta una triple contraindicación. Está la primera en que la foto de la Cruz bendiciendo a la Espada no es imagen pacificadora. Por otra parte, el recurso desesperado a la cobertura de instituciones religiosas puede ser interpretado como reconocimiento de debilidad de las políticas. En tercer lugar, la adhesión de la Iglesia sería al precio de inutilizarla como agente de reconciliación transversal, maestra avezada en fontanerías a lo divino. No hay que olvidar que, por su presencia e inculturación en el país, es seguramente la organización con mayor capacidad para intentar recomponer la fractura astillada de la sociedad vasca. Si un hecho o un gesto de los obispos diera la impresión de que se vencen a una de las partes, más bien cabría conjeturar enranciamiento del conflicto que alivio. Pero tampoco los católicos de plantilla, para pasmo de la leal oposición a Dios, entienden la prudente postura de sus pastores. Y los más combativos decibelian hasta el cielo sus voces escandalizadas y no se empachan de reclamar de la Conferencia Episcopal una reprobación pública y solemne de la línea y conducta de los obispos vascos. Los que tal piden no saben lo que piden, porque ni la Iglesia vasca es una sucursal de la española ni los obispos se degradarían hasta romper la fraternidad por grandes que fueran sus diferencias. Y en esta resistencia aciertan, porque si la jerarquía católica se partiera en un bloque españolista y otro vasco, llevarían al plano simbólico la misma ruptura que en el político. Disparate cuyas consecuencias no escaparán a quienes usen la cabeza para más que peinar raya a la derecha. Y lo que es peor para el horizonte ético, no faltan creadores de opinión que juegan sin escrúpulos a linchar moralmente a los obispos vascos aventando contra ellos acusaciones abominables como la de mantener una equidistancia cínica entre los terroristas y sus víctimas. Aun concediendo desajustes entre los ideales evangélicos y las obras de sus anunciadores, los hechos objetivos desmienten cualquier forma de connivencia pasiva o neutralidad insensible al dolor, por ejemplo: las reiteradas y tajantes condenas del terrorismo etarra por parte del episcopado vasco (y del papa Juan Pablo II, se supone que en sintonía con ellos), o la profética iniciativa de una buena parte del clero de pedir perdón por sus negligencias. Es absurdo interesar de la Iglesia que denuncie y condene la violencia y luego censurarla porque no se produjo el resultado deseado. Como si el orden público fuera mester de clerecía. Tenemos en el pasado reciente referencias para tomar buen consejo. Cuando en 1936 los obispos ayudaron a un bando a acabar con el otro a pedradas, se siguieron males todavía hoy no reparados; por el contrario, su acompañamiento discreto y espíritu integrador durante la Transición hicieron menos costosa la salida de lo que los intérpretes imparciales de la Historia de España quisieran llamar período predemocrático. Siempre que la Iglesia se arrima al poder, se aleja del partido de Jesús.