ENRIQUE CURIEL
19 feb 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Tras casi cinco años al frente del Gobierno, José María Aznar decide proponer una ineludible y urgente reforma de la Justicia. Aunque las circunstancias que han aconsejado tal iniciativa arrojan una duda razonable sobre la motivación real del Ejecutivo, las ocasiones están para ser aprovechadas, como aconseja el dicho popular, y la oposición haría bien en no perder la ocasión y el dinero prometido por el ministro Acebes. Nuestra Administración de Justicia no funciona. Es lenta, cara, burocrática, incomprensible, lejana y elitista. Lo saben los gobernantes, lo conocen los profesionales del Derecho y lo sufrimos los ciudadanos. Es una de las grandes reformas pendientes para alcanzar la modernización definitiva de la sociedad española, lo que exige que sus líneas fundamentales y dotación presupuestaria plurianual queden establecidas en un acuerdo general entre todas las fuerzas políticas. Y sería necesario no comenzar la casa por el tejado. Es recomendable la elaboración inicial de un Libro Blanco de la Justicia con la participación de jueces y magistrados, expertos, profesionales del Derecho, asociaciones, sociólogos y economistas, con el fin de diagnosticar la esencia del problema. Después se deberían cuantificar las necesidades presupuestarias superando el actual y ridículo 0,8 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado. Resulta perentoria una aproximación que nos permita acomodar el funcionamiento del Derecho a los cambios profundos de nuestra sociedad en los últimos 80 años. Hemos dejado atrás una España esencialmente agraria y con una población escasamente concentrada para adentrarnos en las demandas de una sociedad industrial, con un alto proceso de concentración urbana y nuevos hábitos culturales y familiares que requieren otra Justicia. Pero nuestro siglo XX no pudo resultar más desdichado. Primero la Restauración, después Primo de Rivera y, finalmente, la longa noite de pedra del franquismo, significaron la destrucción y el fracaso de cualquier intento modernizador. Ahora no podemos fallar. Por ello, el Gobierno debiera de pensar menos en sus enfados y trifulcas con los tribunales y más en la consecución del objetivo que perseguimos. La reforma de la Justicia no puede limitarse a la modificación del sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces para favorecer a la muy conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.