VENTURA PÉREZ MARIÑO
11 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Hace más de un año, y con ocasión de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a Gómez de Liaño como autor de un delito de prevaricación, publiqué un artículo en este periódico titulado La solución está por venir en el que afirmaba que lo realmente transcendente no era ya la sentencia, sino la decisión que el Gobierno adoptase sobre el indulto que se anunciaba. Hoy podemos afirmar que la solución ha llegado. El Gobierno indultó al ex-juez resolviendo su reintegro inmediato en la carrera judicial. Ahora el Supremo, después de que por unanimidad señalase que Liaño había perdido su condición de juez, afirma por mayoría que el decreto del Gobierno «no se ajusta a las exigencias legales». El Gobierno, como es sabido, puede indultar sin que tenga que motivar sus razones, y en ese sentido, desde una prespectiva jurídica -sí política-, no es objetable. Pero el Supremo, sin dudar de la prerrogativa de gracia, sostiene que no se puede indultar una pena, o parte de ella, ya cumplida -pérdida de la condición de juez-, y lo que el Gobierno ha hecho, en su opinión, supone una extralimitación al no poder perdonar lo ya ejecutado. Se trata así del ejercicio por parte del Supremo de un control de legalidad de una resolución gubernamental que en parte se declara inaplicable. Los portavoces del Gobierno y el propio Aznar anunciaron que es posible la interposición de un conflicto de jurisdicción. En mi opinión, el propio planteamiento del conflicto es de por sí dudoso, pues es probable que lo que el Supremo argumente es la inaplicabilidad parcial de un Real Decreto por extralimitación gubernamental. En cualquier caso, en este momento me parece más importante la decisión política. El caso Liaño tiene más repercusiones que las privadas; el lector de los editoriales de El País y El Mundo comprenderán hasta qué punto está el asunto subjetivado. El Tribunal Supremo, del que se presume objetividad, ha dictaminado la extralimitación gubernamental. Los conflictos entre poderes constitucionales no son convenientes. Una de las funciones de los tribunales es el control de la legalidad de los actos del Gobierno; así lo ha ejercido el Supremo y acatarlo es un ejercicio de responsabilidad que debemos pedir al Gobierno. Nada menos edificante para los ciudadanos que ver pelearse a las instituciones del Estado.