SI NO FIRMA, NO LO OPERO

La Voz

OPINIÓN

ALBERTO BERGUER

08 ago 2000 . Actualizado a las 07:00 h.

Cuando se habla de comportamientos de los médicos con los pacientes, no podemos decir: «Cualquier tiempo pasado fue mejor». Al margen de los modos propios de cada época, en las relaciones existentes entre médicos y pacientes hace veinticinco o treinta años a ningún enfermo se le ocurriría pensar que el médico no había hecho por él todo lo posible y lo necesario técnicamente. Por su parte el médico, desde el pedestal socio-científico por el que discurría, manejando ese bien tan preciado que es la salud, no podía imaginar que nadie pudiese cuestionar su infalible modo de actuar. Hoy en día las cosas han cambiado a mejor, los pacientes son más conscientes de que pagan por un servicio, público o privado, y tienen mayores exigencias; pero en general y salvo excepciones, cuando un paciente acude a un médico para que le hagan una prueba diagnóstica o para que lo traten de una enfermedad, confía en que si esa prueba o tratamiento entraña un riesgo, el médico le comente lo que puede ocurrir e incluso le aclare las dudas que pueda tener. Para que este indudable derecho de cualquier ciudadano quedase claro, la propia Ley General de Sanidad ya lo reflejó en el año 1986. De este modo nació en este país el concepto del Consentimiento Informado, que no es ni más ni menos que la autorización que el paciente da al médico para que actúe sobre él, después de haber sido informado de lo que puede ocurrir al hacer unas pruebas o dar un tratamiento. En cualquier caso el médico está obligado a hacer las cosas bien (lex artis ad hoc, para los juristas) y el enfermo, si no está de acuerdo, puede reclamar por todas las vías y posibilidades que la ley ofrece. Hasta hace poco al médico se le juzgaba cuando su actuación sobre el paciente podía considerarse incorrecta; para ello se recurría a informes periciales (forenses o de otros especialistas), que pudieran proporcionar al tribunal elementos de juicio sobre la práctica del profesional contra el que se reclamaba. Desde que apareció el Consentimiento Informado en escena, los abogados reclamantes es lo primero que exigen y sus clientes (pacientes o familiares) lo aceptaron. Pero como la picaresca no tiene límites los abogados de los reclamantes comenzaron a decir que al paciente se le informó de unas cosas sí y de otras no; los médicos, que también tienen asesores jurídicos, elaboraron unos nuevos consentimientos informados, para cada uno de los procedimientos a emplear en todas las especialidades, que son los que hoy día les ponen la firma a los pacientes, antes de tocarles para cualquier cosa. Pero como incluso había quien en los juzgados decía que no entendía lo que había firmado, a los últimos papelotes ha habido que añadirles una coletilla, en la que el paciente reconoce que se ha enterado de todo. A tal situación hemos llegado con la firma de autorizaciones, que recientemente una Testigo de Jehová a la que le íbamos a hacer una intervención con anestesia local, se negó a firmar en razón de sus creencias, aunque el Consentimiento Informado no aludía para nada a la posibilidad de transfusiones de ningún tipo. ¿A dónde hemos llegado en la aplicación del derecho? El Consentimiento Informado, que como medida legislativa no hay duda de que ha sido un logro social, algo tan positivo, en manos de determinados picapleitos y de chupópteros reclamantes, ha cambiado su esencia para convertirse más en una medida protectora para el médico ante el enfermo. Conclusiones negativas Sobre este tema recientemente se ha presentado una tesis doctoral en Sevilla que ha merecido un premio; fueron analizadas las reacciones en 150 personas de un hospital público ante los documentos de autorizaciones que se les presentaron a la firma, siendo realmente negativas las conclusiones a las que se llegó. Los temores, angustias, depresiones y ansiedades estuvieron presentes al leer los pacientes las autorizaciones, pero fueron mucho más acusadas esas reacciones en los casos en los que el documento no se acompañó de una explicación minuciosa por parte del profesional. Creo que no me irrogo representaciones ilegítimas si me atrevo a decir que los médicos nunca hemos querido llegar a estas situaciones límite, pero han de entender los pacientes que hemos visto y seguimos viendo cómo muchos compañeros han sido y siguen siendo condenados por los tribunales por no haber exigido la firma de estos documentos. Habrá que legislar de nuevo este concepto si no queremos que sus fines se perviertan aún más. Cuando elegimos esta profesión, a la que le supongo una cierta carga de sensibilidad, asumimos una serie de valores morales y cualitativos, no compensados económicamente. Pero aunque el tratar a pacientes suponga discurrir por caminos de una ética especial, de los que en general esta sociedad cada día se aleja más, no supone en ningún momento que seamos imbéciles. Es preciso que con nuestros enfermos o pacientes, denominados clientes o usuarios por los gestores de la sanidad pública, llegar a acuerdos jurídicos o cada día nos deshumanizaremos más. El ejercicio de la profesión se verá abocado a una relación más tensa y a una práctica profesional más defensiva, que posiblemente sea más realista para los norteamericanos, pero que en Europa la vemos menos humanizada.