VENTURA PÉREZ MARIÑO
30 may 2000 . Actualizado a las 07:00 h.El pasado 16 de mayo dio comienzo la primera sesión de la actual legislatura en el Senado, aprobándose la creación de una ponencia que trabajará en la reforma de la Cámara Alta para reconvertirla en Cámara Territorial, pero, dicen, con la pretensión de no modificar la Constitución. La estructura bicameral de la actual Constitución fue una opción del constituyente de 1978 que obedeció teóricamente a dos razones fundamentales: por una parte, asegurar una representación de las comunidades autónomas y, por otra, establecer un proceso de moderación y un instrumento de corrección (segunda lectura), si bien en realidad el propio legislador constituyente no sabía muy bien lo que quería, según se desprende de los diversos vaivenes que el texto sufrió en la fase de elaboración y, de hecho, se llegó al consenso en una solución de pasillo cuando ya se deliberaba en el propio Senado. Resultando así un texto contradictorio y ambiguo que se quedó en un quiero y no puedo. Desigual e imperfecto Así dicen los constitucionalistas, en base a las competencias que le fueron atribuidas al Senado, que el bicameralismo recogido en la Constitución es desigual e imperfecto, escorado a favor de la Cámara Baja. En la práctica, ese ninguneo es mayor, dado que la representación es muy similar en ambas cámaras y el papel que le conceden los propios partidos políticos a la Cámara Alta, a la que envían personas de segunda fila desde una perspectiva política. La realidad es que nadie sabe, dejando al margen la broma de la moderación y segunda lectura, para qué sirve esa segunda cámara, ni los propios senadores en su fuero interno, y menos los ciudadanos entienden la razón de cobrar al menos 652.929 pesetas durante 14 mensualidades por año (presidentes y portavoces de las comisiones y miembros de la mesa reciben más emolumentos), por acudir, si van, tres días a la semana, semana sí semana no, durante ocho meses al año; o el muy amplio presupuesto que el propio Senado tiene. Esa falta de competencias, de contenidos y de trabajo efectivo y real ha hecho que, como decía más arriba, los propios senadores se planteen la reforma. Pero, reformarlo ¿para qué? Desde posiciones nacionalistas se pretende una reforma a fondo, comenzando por la propia designación de los senadores y convirtiéndola en una auténtica Cámara Territorial, que cumpla unas funciones similares a las de una Cámara Federal. En definitiva, cambiar el modelo de Estado actual, siendo necesario para ello modificar la Constitución. Posturas intermedias señalan que quieren explorar hasta donde se puede llegar en la reforma sin modificar la Constitución y, por fin, otros aceptan el juego de la reforma como fórmula de subirse al carro, pero sin pretender viajar a ninguna parte. El proceso es un sin sentido para los que pensamos que el Estado autonómico actualmente configurado, con todas sus imperfecciones y dificultades, es un modelo que nos permite convivir en un Estado unitario, pero configurando en la práctica una amplísima atribución de competencias a las autonomías propias de la teoría del Estado Federal. Los problemas de configuración del Estado son enormemente complejos, máxime si lo constituyen territorios y nacionalidades diversas, que han dado y dan lugar a problemas por todos conocidos. El avanzar en los previstos estudios de reforma que el Senado ha puesto en marcha supone el aceptar de hecho la revisión del modelo de Estado y los que a ese viaje se han apuntado no pueden obviar que están jugando con la llave de los vientos hoy bien guardados por el dios Eolo. Parece que a estas alturas, y después de lo que ya llovió, no sería posible la ingenuidad o la banalidad política en estos temas. La pretensión de convertir el Senado en una auténtica Cámara Territorial no es un tema baladí y los políticos deben medir las consecuencias y máxime si con las actuales mayorías existentes el previsible resultado final será no hacer nada. Y, si lo que realmente piensan los mayoritarios, como creo, es dar carrete para después recogerlo, podían evitar el espectáculo, pues olvidan que el dar marcha atrás implica desgarros en terceros. Con vocación eugenésica es posible que de redactarse ahora la Constitución se podría ahorrar el Senado _como alguna otra institución_ sin que lo echásemos en falta. Pero, una vez así las cosas, creo que es mucho más sano y económico mantener sus exiguas funciones y la beca que ostentan los doscientos y pico senadores que adentrarnos en las procelosas aguas de la reforma del Senado, para mantenerlo, suprimirlo o mejorarlo, de las que no se sabe cómo se va a salir. Como dice el proverbio: Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy.