El Gobierno galo impone un gravamen adicional para la transición ecológica a las concesionarias de autopistas y aeropuertos que superen los 120 millones de euros de negocio
27 sep 2024 . Actualizado a las 18:27 h.Francia va a aplicar un nuevo impuesto a autopistas y grandes aeropuertos que va a aportar 600 millones de euros al año a las arcas del Estado. Este dinero será destinado, en principio, a financiar la transición ecológica del transporte.
Se trata de una medida estrictamente local, que no obedece a ninguna obligación impuesta por Bruselas, y se aplicará a las empresas de gestión de autopistas y aeropuertos que registren unas cifras de negocios superiores a los 120 millones de euros y con un umbral de rentabilidad del 10 %. Es decir, afectará a los grandes operadores, como el grupo ADP, que gestiona los aeropuertos de la región parisina, o en el ámbito de las autopistas, Vinci y Eiffage. Los primeros contribuirán con unos 150 millones de euros al año, y las segundas, con 450 millones.
Las empresas gestoras de autopistas y aeropuertos se levantaron en su día contra esta medida. Los aeródromos de París, Niza, Marsella y Lyon objetaron que esta tasa introduce diferencias de trato injustificadas entre los que facturan más de 120 millones de euros y los que no alcanzan esa cifra, y supone una desventaja para las empresas de gestión aeroportuaria sometidas a la competencia internacional. Además, consideraban que este nuevo tributo, junto al impuesto de sociedades, suponía un nivel de cargas confiscatorias. Y mostraron sus dudas sobre el destino final del dinero recaudado en principio para modernizar las infraestructuras y mejorar sus equipamientos en nombre de la transición ecológica.
Pero el Consejo Constitucional acaba de validar este impuesto sobre las infraestructuras de transporte de larga distancia adoptado hace un año, después de que la misma institución tumbara los intentos del Gobierno de recuperar la gestión de las autopistas.
Y es que hace un año, el Ejecutivo pensó que había encontrado la fórmula mágica para que el Estado recuperara parte de los fabulosos beneficios que obtienen las empresas que gestionan las autopistas. Según el ministro de Economía de entonces, Bruno Le Maire, las empresas eran más rentables de lo que habían previsto inicialmente y querían reducir la duración de las concesiones, recuperar el control de las infraestructuras y firmar contratos más ventajosos para los poderes públicos, o al menos más favorables para los usuarios, enfrentados a peajes cada vez más altos.
Sin embargo, aunque el titular de Economía presumía de haber encontrado «la vía más sólida desde el punto de vista jurídico y más prometedora desde el punto de vista económico», el Consejo de Estado ha desbarato sus planes descartando cualquier posibilidad legal de rescindir de forma anticipada los contratos de las concesiones de autopistas. Y recordó al Gobierno que las concesionarias habían asumido un riesgo cuando firmaron sus contratos, aunque luego resultaron ser mucho más rentables de lo que el Estado había previsto, debido, por un lado a los tipos de interés históricamente bajos de los últimos años, y por otro, gracias a la inflación casi nula durante décadas que permitió reducir el coste de las obras respecto a las previsiones iniciales.
Los jueces también dictaminaron que la rescisión anticipada no se había preparado con rigor y no cumplía ninguno de los requisitos exigibles como un plazo de preaviso o una evaluación financiera «seria», considerando, además que las concesiones vencen en un período relativamente corto, entre el 2031 y el 2036. Todo ello, sin contar con que los contratos disponen ya de cláusulas de resolución anticipadas, pero prevén unas indemnizaciones que privan a la resolución de interés.
Esta decisión del Consejo Constitucional no impidió que el ejecutivo buscara un plan B con el fin de recuperar para las arcas del Estado parte de los beneficios de las concesionarias. Y esta vez han dado con la buena fórmula que ha recibido el visto bueno de la más alta jurisdicción administrativa.