Cada español pierde al año 500 euros en alimentos no consumidos, un derroche que el Gobierno quiere perseguir con una ley que prevé sanciones de hasta 500.000 euros
21 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.En España se tira a la basura cada año una cantidad cercana a los 1,2 millones de toneladas de comida y bebidas. Sale a 65 kilos y unos 500 euros de pérdida por persona, según los cálculos del Ministerio de Agricultura. Una auténtica barbaridad a la que el Gobierno quiere poner coto con una nueva ley que se acaba de aprobar en Consejo de Ministros. El anteproyecto se ha sometido a trámite de audiencia pública y se han realizado cuatro foros participativos dedicados a consumidores y oenegés, distribución y canal Horeca — hoteles, restaurantes y cafeterías—, industria y sector primario. El objetivo, que pueda entrar en vigor en el 2025.
La norma, la primera de estas características que se promulga en España y que solo tiene precedentes en nuestro entorno inmediato en Francia e Italia, prohibirá a restaurantes, bares y supermercados deshacerse sin más de los alimentos que les sobren. Las multas previstas no son pequeñas, llegan hasta 2.000 euros en el caso de infracciones leves. Para las graves, el castigo es mucho mayor y oscila entre los 60.000 y los 500.000 euros, con penalizaciones para los reincidentes.
La nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario obligará a todos los agentes de la cadena alimentaria a disponer de un plan en la materia. Afectará a los productores primarios, los bares y restaurantes, los supermercados y también a los hogares. No hay que olvidar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cifra en un 30 % los alimentos que se desperdician en el mundo, la mitad de ellos inmediatamente después de la cosecha y durante la venta minorista, por lo que en esas primeras etapas hay mucho trabajo por hacer.
Los negocios de hostelería de más de 1.300 metros cuadrados de superficie serán de los que más afectados se vean por la norma, ya que estarán obligados a facilitar al cliente que pueda llevarse, sin coste adicional alguno y en envases reutilizables o reciclables, los alimentos que no haya consumido. Hay algunos que ya lo hacen, pero son minoría. Según la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (Facyre), solo en el 37 % de los negocios el cliente se lleva a casa las sobras. De los alimentos no consumidos, el 50 % se desechan, el 29 % se entrega para fines sociales, el 19 % se usa en la propia empresa y menos del 2 % se revende usando aplicaciones informáticas.
Cuando entre en vigor la ley, los establecimientos de hostelería de más de 1.300 metros cuadrados estarán obligados a suscribir convenios de colaboración con otras empresas, asociaciones, oenegés o bancos de alimentos para cederles toda la comida que les sobre. Y es que en la jerarquía de prioridades que establecerá la futura regulación, el consumo humano siempre será la preferencia. Ya sea del producto tal y como está o transformado en zumos o mermeladas.
Cuando ya no lo puedan consumir las personas, los siguientes en el escalafón serán los animales mediante la fabricación de piensos y otros derivados y en un tercer escalón estará su aprovechamiento para compost o biocombustibles. El objetivo es reducir a la mitad las pérdidas en el año 2030.