Las crecientes necesidades de gasto público han dado como resultado un crecimiento de la deuda y del déficit público estructural, lo que obliga, más allá de lo que diga Bruselas, a imponer unas reglas en España. De lo contrario, la calidad de los servicios y el crecimiento económico se verán comprometidos
19 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Aunque en un mundo cambiante como el actual esta debería ser una tarea constante, metidos ya de lleno en un nuevo año se redobla la obligación de analizar y reflexionar, no solo sobre lo que resta de este, sino también, y sobre todo, con una perspectiva de medio plazo. Esto es quizá más imperativo en materia económica tras años convulsos, marcados primero por la pandemia y después por los efectos de la guerra, que nos posicionan en una clara situación de incertidumbre.
A este análisis y reflexión constante pretendemos contribuir desde esta tribuna sobre una cuestión que hemos dejado de lado en estos últimos años: el cumplimiento de unas reglas fiscales por parte del sector público. La crisis provocada por el covid-19 llevó a la Comisión Europea a suspender las reglas fiscales en el año 2020, extendiéndose dicha suspensión, por ahora, hasta este año 2023, lo que supone que no existen objetivos de estabilidad presupuestaria, si bien sí unas tasas de referencia de déficit, que España ha situado para este ejercicio en el 3,9 % del PIB.
Las importantes necesidades de gasto público — inicialmente por las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria y, posteriormente, de la crisis energética, en un contexto de suspensión de las reglas fiscales— han dado como resultado un significativo déficit público estructural, que se sitúa alrededor del 4 % del PIB, y una creciente deuda pública, que ya supone el 115,6 % de este.
En todo caso, junto a la importancia de los desequilibrios referidos, achacables en gran medida a las situaciones excepcionales que hemos vivido recientemente, resulta más preocupante la trayectoria de crecimiento del gasto público en los últimos años, que muestra una aceleración que no tiene correspondencia con el crecimiento de la economía. Es interesante en este sentido analizar la evolución del PIB y del gasto corriente no financiero (en términos per cápita) de los últimos 22 años, —como recogemos en el gráfico 1 en escalas diferentes para facilitar su comparación—. La divergencia que muestran ambas variables, que en el acumulado del período analizado, y en euros del año 2022, conlleva un incremento del 38,9 % del gasto corriente público frente a un 7,1 % de la riqueza (gráfico 2), no parece compatible con una vuelta a la aplicación de las reglas de la consolidación fiscal sin afectar al crecimiento de la economía salvo que, en paralelo, se articulen una serie de medidas en relación con los gastos e ingresos públicos.
Además, hemos de tener en cuenta que una parte importante de esta política fiscal expansiva se ha llevado a cabo incurriendo en desequilibrios que han obligado a recurrir al endeudamiento, alcanzando unos niveles de deuda que hemos podido financiar — sin grandes tensiones hasta ahora en las primas de riesgo— gracias a la política de compra de bonos del Banco Central Europeo. No obstante, la necesidad de reconducir los actuales niveles de inflación ha obligado al BCE a subir los tipos de interés y a reducir su balance, y aunque ha tomado medidas para evitar el incremento de las primas de riesgo que puede afectar a algunos países, la magnitud de la deuda española, y el coste de su financiación, impactarán de lleno en la vuelta al cumplimiento de los objetivos fiscales.
Esta realidad plantea retos importantes para el sector público que deben ser afrontados ya. En este sentido, resulta fundamental incrementar la eficiencia del gasto público para poder contener su crecimiento sin afectar a la calidad de los servicios y prestaciones públicas, para los que las demandas y necesidades de la sociedad son también crecientes. Se hace ineludible aplicar ya análisis de coste e impacto de las políticas públicas, que son siempre necesarios, pero más en un contexto como el actual, en el que la crisis energética y el crecimiento de los precios asociado, ha obligado a poner en marcha políticas públicas de apoyo a los colectivos más vulnerables que, aunque coyunturales, pueden acabar convirtiéndose en un gasto estructural.
Esta mayor eficiencia del gasto público debe ir acompañada de una parcial reorientación de este. Necesitamos gasto social, pero también precisamos de crecimiento económico para poder financiarlo. Para ello debe incrementarse el peso relativo del gasto público productivo, orientándolo a impulsar la productividad y el crecimiento económico, que redunde en una mayor creación de empleo y de su calidad que, al mismo tiempo, reduzca las desigualdades y desinfle la presión sobre los gastos sociales.
También en materia de ingresos públicos se requieren cambios. Necesitamos una reforma estructural del sistema tributario que, con una visión integral y huyendo de ocurrencias puntuales, sea capaz de aportar los recursos necesarios de una forma eficiente y que, al mismo tiempo, favorezca el crecimiento económico, con especial incidencia en los retos asociados a este en materia de digitalización y transición energética.
En resumen, aunque los importantes desafíos en materia económica de estos últimos años nos han obligado a focalizar en ellos las políticas de ingresos y gastos públicos, debemos empezar a reorientarlas en una perspectiva de medio plazo. En este sentido, y con independencia de lo que se nos obligue desde Europa, necesitamos autoimponernos ya unas reglas fiscales que permitan conjugar la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal con el impulso desde lo público al crecimiento económico. Solo así podremos reconducir la realidad actual de nuestras cuentas públicas y seguir dando respuesta a las necesidades en materia de servicios públicos y prestaciones sociales que, sin duda, se incrementarán en los próximos años.
Miguel A. Vázquez Taín es presidente del Consello Galego de Economistas.