La apuesta de El Salvador, el primero en legalizar el bitcoin a pesar de las advertencias del FMI, abre el camino de la regularización de la moneda en América Latina
13 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El Salvador abrió la veda hace seis meses, cuando convirtió al bitcoin en una moneda de curso legal en todo el país, y ahora son otros países latinoamericanos los que preparan legislación para regularizar su uso. La aventura emprendida por el país centroamericano, presidido por el controvertido Nayib Bukele, desencadenó muchas alabanzas, pero también fuertes críticas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emplazado a El Salvador en repetidas ocasiones a retirar el bitcoin, y llegó incluso a sugerir que no le prestaría más dinero si se negaba a hacerlo, posición que se encontró con el tajante rechazo de Bukele.
El mandatario, lejos de dar marcha atrás, está decidido a continuar con su camino. En las próximas semanas tiene planeado emitir bonos por un valor de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares en esta criptodivisa con el objetivo de financiar la construcción de Bitcoin City, a las faldas del volcán Comayagua, un complejo proyectado para ser un centro de referencia internacional.
Bukele defiende que el uso de esta moneda es una forma de abaratar las tarifas que se cobran por el envío de remesas — a pesar de que solo el 2 % de las transferencias en el 2021 fueron a través de criptodivisas — y una vía para ser menos dependientes de terceros países y, en consecuencia, del dólar. Sin embargo, la gran fluctuación de valor del bitcoin amenaza con generar problemas al país centroamericano. A mediados de enero, la agencia Bloomberg calculaba que El Salvador había perdido 22 millones de dólares en sus inversiones debido a los vaivenes de la cotización.
El camino emprendido por Bukele ha hecho pasar a la acción a países como Panamá, donde se debaten estos días dos proyectos de ley para regularizar el bitcoin. Uno de ellos, el que más posibilidades tiene de salir aprobado, contempla su uso para cualquier tipo de operación civil o comercial.
La criptomoneda ya tiene un largo recorrido en Venezuela, sin ser de curso legal. Para muchas personas allí es un refugio contra la hiperinflación. «Puede depreciarse, indudablemente, pero también tener un incremento, lo que la hace que para muchos sea más confiable que el mismo bolívar», advierte Aaron Olmos, director de la consultora Olmos Group.
El bitcoin también permite a las personas y a algunas empresas saltarse las sanciones internacionales impuestas sobre la economía, algo que está sucediendo también ahora en Rusia, donde ha aumentado el uso de la criptomoneda. Venezuela tiene un decreto constituyente de criptoactivos, e incluso llegó a crear su propia divisa digital con un escaso éxito.
México también tiene previsto sumarse a esa ola. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la creación de una moneda digital para 2024 con el objetivo de «avanzar en la inclusión financiera», aunque, por el momento, ninguna criptomoneda es de curso legal en país azteca, ni se consideran como divisas.
Colombia tiene una aproximación diferente, caracterizada por la prudencia. El país cafetero está experimentando con programas piloto para estudiar una futura regulación. Brasil, Ecuador, Uruguay, Perú y Chile están también preparando marcos regulatorios, aunque ninguno de ellos se plantea convertir el bitcoin en moneda de uso legal. En Argentina hay iniciativas legislativas que apuntan a la tributación de los intercambios mediante criptodivisas.
Paraguay sí tiene un proyecto de ley sobre la regulación de bitcoin más avanzado, que incluso ha aprobado ya el Senado. A finales de año se especulaba con que el país sudamericano podría convertirse en el segundo Estado en regularizar la criptodivisa, pero las autoridades políticas acabaron rechazando la posibilidad. En el extremo opuesto se sitúa Bolivia, donde las criptodivisas se encuentran prohibidas desde el 2014, después de que se produjesen una serie de estafas.