El Parlamento británico insta a Boris Johnson a destinar más fondos y recursos para combatir los delitos económicos, que han crecido un 43 % durante la crisis del coronavirus
27 feb 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El crecimiento del 7,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) que registró el Reino Unido en el 2021 hizo creer que lo peor de la pandemia había pasado y dibujó un horizonte prometedor. Pero el Parlamento británico ha advertido que durante la crisis sanitaria se incubó otra grave amenaza para la economía, el crecimiento desmesurado del fraude, y ha emplazado a Boris Johnson a destinar más fondos y recursos para combatirlo.
El Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes, en un informe publicado a finales de enero, denunció que el fraude, la evasión fiscal, las estafas telefónicas o informáticas y otros delitos económicos registraron un aumento del 43 % entre junio de 2019 y junio de 2021.
Los alarmantes datos están en sintonía con la ola de escándalos que en las últimas semanas han sacudido al mundo económico. El primero, la confesión de la Agencia Tributaria (HMRC) de que en los últimos 24 meses empresarios se hicieron, mediante informaciones inexactas o abiertas mentiras, con parte de las mil millonarias ayudas que el Gobierno aprobó para apoyar a las empresas durante la pandemia. De acuerdo con las autoridades fiscales, unos 6.900 millones de euros se adjudicaron fraudulentamente, de los que 5.167 se dan por perdidos. No obstante, el Parlamento estima que la cifra real ha podido llegar hasta los 20.000 23.960 millones de euros.
Esta revelación provocó la renuncia del secretario de Estado para la Eficiencia y Transformación, Thedore Agnew, quien durante un discurso en la Cámara de los Lores (Cámara Alta) se mostró indignado por los «errores de colegiales» en los que ha incurrido el Ejecutivo de Boris Johnson a la hora de velar por el uso correcto de los fondos públicos. En su sorprendente dimisión, Agnew denunció que en el aparato estatal reina «una combinación de soberbia, indolencia e ignorancia», que impide combatir este tipo de delitos económicos. Asimismo, aseguró que los evasores y defraudadores le cuestan al fisco unos 29.000 millones de libras (34.815 millones de euros) al año.
Sin embargo, el impacto global del fraude en todas sus formas es mucho mayor. Así, la organización Spotlight on Corruption (Poniendo el foco en la corrupción) aseguró en una investigación publicada días atrás que este tipo que los delitos económicos le cuestan a la economía británica alrededor de 190.000 millones de libras (228.110 millones de euros) al año, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés).
Pero mientras los defraudadores y evasores mueven casi el 14 % del PIB, los cuerpos y organismos encargados de perseguirlos en 2021 apenas contaron con 852 millones de libras (1.052 millones de euros), un monto que se incrementa hasta casi los 14.000 millones si se incluye el presupuesto dedicado a las policías. No obstante, las fuerzas de seguridad no solamente combaten este tipo de crimen, sino todos. Desde el Parlamento y las organizaciones especializadas en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos no solo han instado al Ejecutivo a incrementar los fondos y medios para combatir estos crímenes sino también a adaptar el marco legal. Unas peticiones que parecen no haber caído en saco roto, pues la semana pasada la ministra del Interior, Priti Patel, se limitó a anunciar que presentarán un plan de acción contra el fraude, y que en la próxima Ley de Delitos Económicos se tomarán medidas enérgicas contra las personas que abusan de nuestras instituciones financieras para proteger «mejor a los contribuyentes».