¿Y si Berlín expropiase miles de pisos?

Una consulta popular insta al Gobierno regional a aprobar una ley que permitiría embargar las viviendas de los grandes consorcios que controlan el mercado inmobiliario de la capital


Berlín / La Voz

«Pobre pero sexy». Aquel fue el eslogan con el que el exalcalde Klaus Wowereit bautizó a la capital alemana en noviembre del 2003. Pasó a convertirse en el sello de identidad de una ciudad sin apenas industria ni banca, que atrae cada año a millones de turistas por su carácter libre y alternativo. Las aerolíneas de bajo coste, su posición geográfica y la afluencia tanto de refugiados como de inmigrantes del sur de Europa han ido transformando progresivamente el paisaje de Berlín, que a día de hoy tiene poco de pobre. Un progreso que se deja notar sobre todo en el mercado inmobiliario, que ha experimentado un auténtico bum debido al exceso de demanda y a una oferta escasa.

Casi todos los terrenos vacíos que quedaron en el centro de la capital tras la caída del Muro, especialmente en la parte este, son ahora objeto de obras de construcción. La sed de los inversores, animados por los bajos tipos del BCE, no tiene fin. El resultado: el precio del alquiler se ha duplicado en la última década, y se sitúa ya en los 6,75 euros de media por metro cuadrado. «El que se mude deberá desembolsar una suma aún mayor que antes», explica Bernd Leutner, director de la consultora F+B.

Y es a causa de esta burbuja por la que acaba de surgir una iniciativa que recoge firmas para lograr la expropiación de paquetes de viviendas en manos de las grandes empresas alemanas, con el objetivo de luchar contra la especulación y el aumento de los precios. El proyecto arrancó el pasado 6 de abril con una manifestación multitudinaria en la plaza de Alexanderplatz bajo el lema «La vivienda, un derecho humano y no una mercancía».

Son necesarias 170.000 firmas de ciudadanos en un plazo de diez meses para obligar al Gobierno regional a celebrar una consulta popular. De conseguirlo, el Ejecutivo berlinés podría presentar un proyecto de ley ante el Parlamento que permita la expropiación a los consorcios que posean más de 3.000 pisos en la capital. El más famoso de todos, Deutsches Wohnen, es propietario de unas 111.000 casas, y ha visto crecer su beneficio en un 16,5 % solo en el primer trimestre del 2019, hasta los 144 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno de Berlín podría negarse alegando razones jurídicas o financieras, en base a los 36.000 millones de euros que calcula que podrían costarle las expropiaciones. Y aunque parece improbable que el proyecto de ley pueda sustanciarse precisamente por su elevado coste, la presión ciudadana sí podría dar lugar a normas más estrictas para acabar con la burbuja inmobiliaria, más allá del tope implantado hace un par de años que pocos propietarios cumplen.

«Para garantizar la socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden pasar a un régimen de propiedad colectiva». Así reza el artículo 15 de la Constitución alemana a partir del cual nació la iniciativa, que a ojos de sus detractores, lastraría las inversiones. Según una encuesta del instituto Dimap, el 36 % de los berlineses defienden las expropiaciones, que para el 70 % de los alemanes en general suponen una herramienta equivocada. Casi el 93% de la población apuesta en cambio por construir más vivienda social, de modo que aumente la oferta. El debate en las calles también ha saltado a la primera plana política. La bancada conservadora de Angela Merkel, compuesta por la CDU y la CSU, así como la formación ultraderechista AfD, rechazan el plan. Los liberales del FDP proponen incluso abolir el artículo 15 de la Constitución, que jamás se ha aplicado en la historia de Alemania.

«Entiendo la ira contra los consorcios, pero las expropiaciones durarían años y no crearían una sola vivienda», defendió Andrea Nahles, presidenta de los socialistas del SPD, consciente de que una minoría de sus correligionarios apoyaría el proyecto en casos excepcionales. Algo similar a lo que ocurre en las filas ecologistas. Ambas formaciones gobiernan Berlín en un tripartito con La Izquierda, la única a favor de expropiar.

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