Darío Rivas, el gallego promotor de la primera querella en Argentina contra el franquismo

Fue un destacado defensor de los derechos humanos, hijo del alcalde de Castro de Rei, asesinado en 1936


La Voz

Darío Rivas Cando, hijo del alcalde de Castro de Rei asesinado por un grupo de falangistas en 1936, Severino Rivas Barja, falleció ayer en Buenos Aires a los 99 años de edad. Rivas Cando logró recuperar los restos de su padre tras numerosos viajes desde Argentina a España, tras arduas gestiones y una intensa lucha. Pero la labor de Darío Rivas fue más allá, pues ayudó a recuperar la memoria de muchos otros represaliados como su padre, convirtiéndose así en un destacado defensor de los derechos humanos.

Fue el impulsor de la querella argentina contra los crímenes de la dictadura franquista. Junto a otras dos personas, logró que la Justicia en Buenos Aires comenzara a investigar la dictadura española gracias a una querella interpuesta en el año 2010 con el objetivo de que «se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente».

Los tres pioneros que iniciaron el proceso con sus firmas contaron posteriormente con el apoyo de más de 100 asociaciones españolas y tienen como amparo la legislación internacional de Naciones Unidas (ONU) sobre justicia universal, que habilita a los órganos judiciales de un Estado para la investigación de crímenes cometidos fuera de sus fronteras.

Darío Rivas se separó de su padre siendo un niño, cuando fue enviado por su progenitor en un barco de pasaje hacia Argentina, donde tenía ya a otros familiares, y donde se quedó a vivir para siempre. Poco tiempo después, a su padre lo asesinaron y lo tiraron en una cuneta, junto a la iglesia de Cortapezas, en Portomarín. En el 2005, con ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rivas Cando logró recuperar los restos de su padre y trasladarlos al panteón familiar de Loentia (Castro de Rei). 

En el 2014, Darío Rivas fue homenajeado por la Diputación de Lugo, que le entregó la placa de honor de la provincia, un reconocimiento al que se adhirieron más de 300 personas y colectivos de diversos países, entre ellos, el propio juez Baltasar Garzón.

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