El Supremo tiene pendiente el recurso del fiscal contra la anulación de la operación Rei
CASTRO DE REI
Cuando la Audiencia de Lugo tumbó el caso de las multas de Tráfico, en una decisión que generó una gran controversia jurídica, se produjo una especie de tsunami porque impactaba de lleno en otras investigaciones realizadas por la misma magistrada y que nacieron precisamente de esa primera macro operación. Una de ellas fue la Rei, que puso al descubierto una presunta trama de adjudicaciones nacida en el consistorio de Castro de Rei. También fue derribada por el alto tribunal de Lugo. Con esas dos decisiones claves, echaban por tierra muchos años de trabajos, no solo de personal judicial sino también de un buen número de esas investigadores.
La anulación de la operación Rei también está pendiente de analizar en el Tribunal Supremo y todo parece indicar que los acusados han de sentarse en el banquillo para que luego un tribunal valorare las pruebas presentadas. Sin embargo, lo que ocurra con la operación Rei es de momento toda una incógnita.
En su momento el fiscal Roberto Breznes, que se ocupó del asunto, recurrió la decisión de anulación. Su decisión fue respaldada por los fiscales del Supremo que siguieron el mismo criterio que el aplicado en el recurso de las multas de la DGT.
En la operación Rei fueron imputadas inicialmente medio centenar de personas sin embargo finalmente el fiscal del asunto decidió formular acusación contra ocho. Entre estas figura el exalcalde socialista Juan José Díaz Valiño que fue detenido y llevado esposado a los juzgados el día en que prestó declaración. Esta operación le costó el sillón de la alcaldía. Acabó dejando la política.
La jueza también decretó en su momento la detención del que era teniente de alcalde, Roberto Lorenzo Fernández; la de la edila socialista Ana María Canto y el que era concejal de aguas, Antonio Balado.
El fiscal pedía para el exalcalde cinco años de cárcel y para los ediles inhabilitación.
La Audiencia, cuando anuló la operación, arremetió contra la instructora por entender que decidió «de manera arbitraria y arrogándose competencia». También expresó que San José «era consciente de que las causas no tenían conexión de antijuricidad y por sí y ante sí, decidió asumir la competencia investigadora que no le correspondía». Los magistrados calificaron de «sustracción» lo hecho por la jueza.