Un octogenario secuestrado, tráfico ilegal de animales y 19 detenidos: así operaba la red criminal que ha dejado más de 120 estafados, varios de ellos en Galicia

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO

Guardia Civil

El clan había separado al hombre de su familia y usaba su nombre y sus cuentas para perpetrar los fraudes mientras lo obligaban a pedir limosna. Cobraron más de medio millón de euros en ayudas sociales irregulares. Luego, invertían el dinero en criptomonedas

17 ene 2026 . Actualizado a las 19:09 h.

La Guardia Civil ha liberado a un octogenario que estaba siendo explotado por un grupo criminal en el País Vasco, que lo mantenía aislado de su entorno familiar y lo utilizaba tanto para ejercer la mendicidad como para cometer ciberestafas relacionadas con la venta y adopción fraudulenta de animales a través de internet. La operación, denominada Magna-Vallis, se ha saldado hasta el momento con 19 personas detenidas —18 en Bizkaia y una en Burgos— y con la investigación abierta a otras tres, según informó el instituto armado en una nota de prensa difundida este viernes. Varias de las víctimas son residentes en Lugo, Ourense y A Coruña.

La víctima, un hombre de más de 80 años, se encontraba bajo el control directo de tres miembros de la organización, pertenecientes a un mismo clan familiar. De acuerdo con la Guardia Civil, estos individuos habían secuestrado al hombre y lo habían apartado de sus seres queridos, además de abrir a su nombre numerosas cuentas bancarias que eran empleadas para canalizar el dinero procedente de las estafas. Parte de esos fondos también se destinaban a la subsistencia del grupo, mientras el anciano era obligado a pedir limosna.

La investigación ha permitido identificar hasta ahora a 121 víctimas de estafa por la falsa compra o adopción de mascotas y a otras diez afectadas por delitos de usurpación de identidad. Las víctimas se reparten por buena parte del territorio nacional, con incidencia en Galicia, donde se han detectado afectados en las provincias de Lugo, Ourense y A Coruña. Junto a ellas, figuran perjudicados en Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Guipúzcoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Granada, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona y Toledo.

Vendían animales que nunca entregaban y se quedaban con el dinero

El origen de la operación se remonta a febrero del pasado año, cuando una persona denunció ante la Guardia Civil haber sido estafada tras pagar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet. «Nunca recibió el animal ni pudo recuperar el dinero», señala la nota oficial. A partir de esa denuncia, los agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia destaparon la existencia de un grupo criminal asentado en esa provincia.

Su método consistía en publicar anuncios falsos de venta o adopción de animales. Una vez iniciado el contacto, los estafadores exigían pagos sucesivos alegando gastos de vacunas, transporte, microchip o jaula, que debían abonarse mediante bizum o transferencias bancarias. Para dificultar el rastreo del dinero, la organización utilizaba múltiples cuentas, líneas telefónicas y documentación falsa o de terceros, además del método conocido como smurfing, basado en fraccionar los cobros en micro pagos.

 Invertían en criptomonedas y recibían ayudas sociales irregulares

Durante la investigación se detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas al entramado, todas ellas bloqueadas judicialmente. La Guardia Civil estima que el dinero defraudado supera los 36.000 euros. Asimismo, se ha constatado que parte de esos ingresos, junto con prestaciones sociales percibidas presuntamente de forma indebida —como la Renta de Garantía de Ingresos o el Ingreso Mínimo Vital—, se invirtieron en criptomonedas por un valor superior a los 55.000 euros. El importe total de las ayudas sociales irregulares podría ascender a más de 560.000 euros.

A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao y continúa abierta para localizar nuevas víctimas y tratar de recuperar los fondos defraudados.