La plantilla decidirá si va a subasta o recurre a un profesional para buscar ofertas
07 jun 2018 . Actualizado a las 10:26 h.Vázquez Pousada, perteneciente al grupo de automoción Martínez, no podrá adquirir el edificio de Ramón Ferreiro de la Cámara de Comercio. Era la única oferta existente -920.000 euros- para la venta directa del inmueble, pero la oposición de una de las trabajadoras en la comparecencia en el Juzgado de lo Social, número dos, frustró esta posibilidad.
La letrada del juzgado justifica en un decreto las razones por las que rechaza la venta y comunica que se continúa con la ejecución del bien embargado por los trabajadores. En el plazo de cinco días las partes tendrán que decidir si desean utilizar la fórmula de búsqueda de ofertas por persona especializada, o si acuden directamente a la subasta.
Una decisión más
En los fundamentos de derecho recoge que la fórmula rechazada por la trabajadora, el convenio de realización, persigue «agilizar la realización y mejorar el rendimiento de los bienes objeto del apremio». Este el medio de venta que está contemplado con carácter previo a la subasta. y que resulta más beneficioso que el que se puede alcanzar en una puja, que reconoce que solamente es beneficiosa cuando el postor ofrezca el 70% del valor de tasación.
Según el escrito judicial, «...la práctica demuestra que en las subastas pocas veces se alcanza este valor, y en la mayoría de las ocasiones la puja es inferior al 70%, siendo mayores los supuestos de subastas desiertas».
El decreto informa que si la subasta quede desierta podrán quedarse los ejecutantes con el bien, en este caso el edificio de la Cámara de Comercio, situado en Ramón Ferreiro, por el 30% de su valor.
«Lo que se consigue a través del convenio de realización es más beneficioso que lo que previsiblemente pueda obtenerse a través de la subasta, y en la que se corre el riesgo de tener que alzar el embargo y perder, como ocurre en el presente procedimiento, el único bien con el que satisfacer los créditos de las partes», dice el decreto.
La letrada judicial apunta que la ley dice que la venta directa tiene que ser con «acuerdo», e interpreta que este «es una convergencia de voluntades en el mismo sentido y basta con que falte una para que este acuerdo no se produzca».
La adjudicación de los bienes muebles de la Cámara de Comercio también está generando problemas. Hubo un único postor, que ofreció 1.501 euros por la totalidad de los bienes. En la publicación de la subasta en el BOE se especificaba que debía ser conjunta y no separada por lotes. En el plazo de dos días los trabajadores tendrán que decidir si aceptan esta fórmula o si, por el contrario, es necesario repetir la subasta para vender los bienes por separado.
Final impredecible
La venta del edificio para poder saldar parte de la deuda con los trabajadores se retrasa. Una vez que la Diputación dejó claro que no quería el inmueble, se presentó una primera oferta para la adjudicación directa, de una empresa de Hierros Ferreiro, a la que se opuso el ex secretario, que no se personó en la última comparecencia. Esta propuesta se retiró y quedó solo la del grupo Martínez, a la que se opuso la ex trabajadora, alegando que la oferta era inferior al 50% del valor del bien.
Ahora se abre un nuevo capítulo para la entidad, de resultados impredecibles.