Los ex trabajadores están a la espera de que los cite el juzgado para decidir
05 sep 2017 . Actualizado a las 22:15 h.Los antiguos trabajadores de la Cámara de Comercio están a la espera de que el Juzgado Social número dos los convoque para decidir qué harán con el edificio de Ramón Ferreiro, cerrado desde la primavera del año 2014. En la última comparecencia en sede judicial acordaron dar un plazo para que la Diputación decidiese si finalmente compraba estas dependencias para trasladar a ellas el servicio de recaudación. Después de varios años a la espera, el organismo provincial acordó rehabilitar el Fogar de Santa María y descartó la otra opción, alegando que la compra del edificio y las obras de reconstrucción eran más costosas que la alternativa finalmente adoptada.
La Diputación argumentó en ese momento que, además de cuestiones económicas -el organismo provincial adquiría con el edificio también otras cargas de la entidad cameral- también existían razones legales para no asumir la adquisición del inmueble.
Este anuncio, efectuado en el pasado mes de agosto, supuso un jarro de agua fría para el personal, que vio frustradas sus esperanzas iniciales de poder recuperar una parte importante de la deuda que tiene contraída la entidad con ellos a través de esta vía.
El personal cree que hay interés
Pese a que los trabajadores podrían quedarse con el edificio, en pago de la deuda contraída por la entidad en concepto de salarios y de indemnizaciones, que están reconocidos mediante sentencias, lo más probable es que opten por la subasta del inmueble para tratar de cobrar parte del 1,6 millones que tienen pendiente.
Los 16 ex trabajadores de la Cámara de Comercio consideran que la subasta es la única posibilidad que les queda en estos momentos, después de que fallara la opción de la Diputación. Fuentes consultadas señalaron que, pese a las limitaciones de uso del edificio, -en las condiciones actuales solamente se podrá dedicar a oficinas- saben que hay personas y entidades interesadas en hacerse con el inmueble y que están esperando a que salga a subasta.
El edificio fue tasado al menos en dos ocasiones. Una de ellas a instancias del Juzgado Social número dos. En este caso el perito estimó que el inmueble de 2.400 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas, valía 1,5 millones. Esta valoración no convenció al personal, que solicitó otra para unas dependencias, que están cerradas desde principios del año 2014, en que trasladaron la sede al actual edificio de Abanca. El resultado fue muy diferente: 2,5 millones.
Hasta diciembre del pasado año existían esperanzas de que la Diputación comprara el edificio. De hecho, en los presupuestos de ese año figuraba una partida de un millón de euros con esta finalidad, aunque no aparecía reflejado como tal. Para arreglarlo, según declaró en su momento el entonces vicepresidente, Álvaro Santos, necesitaban otros 600.000 euros. Sin embargo, la decisión se fue aplazando como consecuencia de las dudas existentes respecto de si un organismo público puede acudir a la compra directa de un bien inmueble.
El juzgado aplazó, al menos en dos ocasiones, la subasta para facilitar la venta directa, que nuevamente se ha visto frustrada.
El fin de la novela
Después de varios años, la novela negra de la Cámara de Comercio de Lugo parece que está a punto de llegar a su fin. Una vez que los trabajadores cobren, lo deseable sería que alguien encuentre un buen fin para el edificio y se evite construir otros nuevos «contenedores vacíos». Porque Lugo ya tiene muchos auditorios, museos, y residencias vacías, y lo que hace falta es aprovechar edificios, antes que construir más.
Según la Diputación «non existía ningún compromiso» sobre el inmueble
El organismo provincial no cursó ninguna comunicación al Juzgado Social número dos para comunicar su decisión de haber desistido de la compra del edificio de Ramón Ferreiro.
Fuentes de la Diputación señalaron ayer que no tenían que realizar ninguna comunicación porque «non existía compromiso». Apuntaron que habían desistido de esta opción porque «non era a máis ventaxosa».
El organismo provincial aprobó en una reunión de la junta de gobierno, celebrada en el pasado mes de agosto, el proyecto de rehabilitación del pabellón principal y del número dos para iniciar la contratación de las obras.
Esperanzas frustradas
Con la subasta, las esperanzas del personal de recuperar una cantidad superior de la deuda de 1,6 millones de euros se alejan porque el precio de salida será a la baja. La deuda pendiente asciende de forma individual entre 6.000 euros, que es la menor y 325.000, la cantidad más elevada.