El constructor del polémico edificio mantiene que perdió 26 millones de euros
23 feb 2017 . Actualizado a las 23:47 h.La alcaldesa pone en la reserva 300.000 euros por si hay que demoler el polémico Garañón. Además, requerirá al dueño para que en tres meses presente los «oportunos proyectos de urbanización y de obras de edificación ajustados a los criterios y soluciones atinentes a la protección del patrimonio cultural que a tal fin establezca la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura». ¿Y qué dice el «jefe» de la mole? «Se o queren tirar, que o tiren. Se me indemnizan, mañá o Garañón xa non está». Eso es lo que dice Ricardo Iglesias Paredes, el constructor y promotor.
El constructor recuerda que tiene presentada una demanda contra el concello desde hace unos cuatro o cinco años y que lo único que tiene que hacer es activarla. En el documento, recordó, se establece que las pérdidas que le ocasionaron por el monumental enredo de autorizaciones, desautorizaciones, sentencias, recursos, contrarrecursos entre Xunta, Concello y vecinos del parque superan ampliamente los 26 millones de euros.
Iglesias Paredes no parece estar muy por la labor de hacer un nuevo proyecto de urbanización y edificación para adaptarlo a lo que diga Cultura. «O proxecto xa o teñen. Chega con que llo pidan a Cultura e logo lle requiran que diga o que hai que axustar. ¡Acaban con calquera!», indicó el constructor al que el caso le ha generado multitud de problemas, incluso el estar imputado por la jueza que investiga el asunto.
El promotor advierte que el edificio, aún después de pasar muchos años abandonado, es totalmente aprovechable en cuanto al hormigón y el ladrillo, no así en lo que respecta a las estructuras de hierro que quedaron a la vista.
En relación con las posibles indemnizaciones, la alcaldesa dijo de Lugo dijo que el informe externo que encargó a un despacho de A Coruña pone de manifiesto que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), relativo a la unidad CS-5 (Como así se llama técnicamente a la parcela de O Garañón y aledaños) .«foi aprobado polo concello e despois agregado ao PXOM, do que a competencia é estritamente autonómica». Quiso decir que la Xunta puede tener responsabilidad con el dueño del edificio y también con el Concello.
Llegado el caso de la demolición, Lara Méndez, desconoce si tendría que ser tirado todo el edificio o una parte. En cualquier caso, dijo, tendría que adaptarse a la normativa.