El fiscal pide un año y seis meses de prisión por una casa edificada sin licencia en Conturiz
17 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Texto. Hubo un tiempo en el que en distintos puntos del municipio hubo quien se animó a edificar casas en la zona rural pese a no disponer de la correspondiente y obligada licencia municipal. Y la acción de la Administración, lenta pero generalmente inexorable una vez puesta en marcha, no deja de dar disgustos a algunos de los que se arriesgaron. En el 2014, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia llevó a cabo 16 demoliciones en la provincia de Lugo; en los seis primeros meses del año pasado habían caído siete edificaciones. Y queda en no pocos casos la vertiente judicial del asunto. Ayer quedó aplazada hasta junio el juicio a la propietaria de una casa construida sin licencia en Conturiz, en suelo rústico de protección paisajística, para la que el fiscal pide un año y seis meses de prisión.
Hay algunas construcciones que, probablemente, podrían salvarse, serían legalizables, si estuviese aprobado el 5% del Plan Xeral de Ordenación Municipal que aún está en tramitación. Otras, ni así. Y la tramitación a la que da pie la infracción urbanística cuando es detectada y denunciada acaba, si lo construido no es legalizable, en derribo, en costes de demolición y reposición de la legalidad y petición de penas de prisión. En esas está una vecina de Lugo propietaria de fincas en Conturiz. Iba a ser juzgada ayer, pero finalmente se suspendió y quedó para junio. La fiscalía acusa a la dueña del terreno de construir una edificación de planta baja, con tipología de vivienda unifamiliar, y dos casetas prefabricadas. Las obras comenzaron, según el ministerio público, en una fecha comprendida entre junio y octubre de 2011, y estaban en ejecución en febrero del 2012. El coste estimado para la demolición y reposición de la legalidad urbanística es de 3.097,60 euros para las «actuaciones técnicas» y de 8.083,14 euros en lo que se refiere a la ejecución del derribo. Por un presunto delito de contra la ordenación del territorio, la propietaria de las fincas se enfrenta a una petición de un año y seis meses de prisión y dieciocho meses de multa con una cuota diaria de 20 euros.
Desimputación
La denuncia inicial de este caso la efectuó la Policía Local. En la denuncia se hacia referencia a una persona relacionada con una constructora, cuya desimputación solicita ahora el fiscal.
En el municipio de Lugo, una de las demoliciones de casas sin licencia que tuvo más resonancia mediática fue la llevada a cabo en Ombreiro, a finales de noviembre del 2015. Por orden judicial, una pala llevó a cabo el derribo en medio de la desolación de sus propietarios.