La Diputación de Lugo ya tiene presupuesto para este año, con una partida de un millón de euros para adquisiciones patrimoniales. La compra prevista inicialmente era el edificio de la Cámara de Comercio, en la avenida de Ramón Ferreiro para trasladar el Servicio de Recaudación. Darío Campos, presidente del organismo provincial, declaró en su día, después de reunirse con los portavoces de todos los grupos y con el diputado no adscrito, Manuel Martínez, que para dar este paso esperaba contar con el apoyo de todos los grupos, dado que se trataba de una inversión de futuro. El BNG se descolgó de este acuerdo días después de abandonar a su hasta entonces socio de gobierno. Según el portavoz nacionalista, una institución pública no puede gastar 1 millón de euros en comprar un edificio cuando hay inmuebles públicos vacíos y otros con necesidades urgentes de restauración.
¿El presidente seguirá manteniendo que la compra ha de ser con un acuerdo unánime?
Con el cambio de postura del BNG esta es una incógnita. Fuentes del gabinete de comunicación de Campos señalaron que desconocían el giro dado por los nacionalistas, del que se enteraron a través de los medios porque no habían recibido comunicación oficial ni oficiosa alguna. Argumentaban que ni Veiga ni Ferreiro, los dos diputados del BNG, habían hecho alusión a este cambio durante las reuniones celebradas en los últimos días para conocer en qué estado quedan las áreas que llevaron los representantes del BNG. Las mismas fuentes insistieron en que Darío Campos hizo las declaraciones de que quería que fuese un acuerdo unánime, después de reunirse con los grupos y de conocer su postura.
¿Hubo cambio de postura en el BNG?
Xosé Ferreiro en la nota difundida ayer, justifica la postura en que no entienden que una institución pública «poda gastar un millón de euros nun edificio cando na cidade hai edificios públicos baleiros e outros con necesidades urxentes de restauración». Sugiere los pabellones del Fogar de Santa María y el cuartel de San Fernando. Ahora el BNG asegura que ya le advirtió de su postura «no momento no que Elena Candia, como presidenta da Deputación propuxera esta posibilidade no pasado verán, aínda que, curiosamente, naquel momento falara de 2,5 millóns de euros». Ferreiro, que dice que el Bloque «nunca participará neste tipo de escuras operacións», insiste en que «esta postura rotunda xa lle foi comunicada ao presidente da Deputación cando aínda estabamos no goberno». Ferreiro también insistió en que «as necesidades das persoas non son estas e as institucións públicas non teñen que estar ao servizo das organizacións empresariais para sanearlle as contar cando quebran ou non teñen os beneficios necesarios debido ao saqueo ás que a someteron».
¿Qué dice la Cámara de Comercio sobre lo que está ocurriendo?
Jaime López Vázquez, miembro de la ejecutiva de la Cámara de Comercio de Lugo y secretario de la CEL, aseguró ayer que, desde el punto de vista de la entidad cameral, la planteada es una buena operación . «Supone -dijo- que el patrimonio pagado por todos los empresarios permanezca en el dominio público». Insistió en que creía que el precio que se baraja «es más que razonable» para el edificio del que se trata, que ofrece, por su superficie, la posibilidad de albergar más servicios de cara a la sociedad que el de recaudación. Respecto de la postura del BNG y de las declaraciones de Xosé Ferreiro se limitó a señalar: «No se debe hacer oposición de todo».
¿Qué puede ocurrir?
La duda es si Darío Campos mantiene su palabra de que para ejecutar la compra quiere el consenso de todos los grupos. Si el BNG no cambia su postura, está claro que el acuerdo no sería unánime. Esta operación está pendiente desde hace meses, a expensas de que se aprobaran los presupuestos. El Juzgado Social que dictó el embargo del edificio aplazó, a petición de los trabajadores, la subasta del edificio para que culminaran las negociaciones. En este punto, algo tendrá que decir tanto la instancia judicial como los propios ex empleados.