Ocho años de tramitación, año y medio de escuchas, decenas de policías, 16 imputados y desinflado final
19 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.«A detención foi terrible. Chegou á casa un coche camuflado e non puiden nin avisar do que me pasaba á muller... Cunha citación teríalles declarado o mesmo». Esta es una declaración de Antonio Balado, el exconcejal de aguas del PSOE que esta semana se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial por estar acusado en la operación Rei. En el peor de los casos para este exedil, que no quiere saber nada más de política, podría ser condenado por prevaricación a nueve años de inhabilitación de empleo o cargo público de alcalde o concejal. En el mismo caso está el actual teniente de alcalde Roberto Lorenzo.
La historia de esta operación, de gran repercusión mediática (el alcalde esposado fue noticia de portada en muchos medios) podría resumirse en el título de un cuento: Érase una vez un rey que acabó como un plebeyo. La operación Rei se deshinchó tanto, que acabó cayendo en picado, tanto es así que el fiscal tuvo que andar haciendo reparaciones en un globo que pasó por tantas turbulencias que cuesta sostenerlo en vuelo.
Para el desarrollo de todo el operativo fueron traídos investigadores de A Coruña, llevados al lugar decenas de policías para practicar detenciones y registros en el consistorio... Hubo al menos 16 imputados, pero cuando el asunto llegó a la fiscalía ya empezaron a tirar del freno de mano. El número de acusados fue reducido a la mitad y de los ocho quedaron siete porque la concejala Ana Canto, que había votado en una junta de gobierno a favor de adjudicar una obra a la empresa de su hermano, acabó marchando del banquillo por decisión del fiscal.
La operación tiene unos cuarenta tomos, miles de folios y supuso decenas de recursos e incluso la intervención del Supremo. «Logo de oito anos investigando e unha semana de xuízo, resulta que nos din que non había razóns de diñeiro . Custa entender todo isto», dijo ayer un vecino de Castro.
El fiscal jefe, que se veía venir la situación, dejó muy claro que aunque no hubiera dinero por el medio, sí hubo delito en la conducta de los acusados. Hicieron las adjudicaciones como les pareció bien, pasando de la normativa, según el acusador. Y eso, advirtió, es prevaricación. Pero ese delito no tiene pena de prisión ni multa. Solo inhabilitación y el fiscal les ha pedido la mínima: nueve años.
La Rei es otra de las grandes operaciones que acaba desinflada. Le pasó a lo mismo a la de la retirada de multas de tráfico. La incógnita es ahora saber cuál será el fin de las que están en marcha.