El exalcalde de Castro dice que no benefició a una empresa para que contratara a su cuñada

Xosé Carreira LUGO / LA VOZ

LUGO

Óscar Cela

Rechaza que manipularan presupuestos y asegura que pagó los halógenos de su casa

14 jun 2016 . Actualizado a las 23:46 h.

Le costó arrancar, pero finalmente el juicio de la operación Rei se celebra desde ayer en la Audiencia Provincial de Lugo con ocho acusados en el banquillo, entre ellos el exalcalde socialista de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño y tres exmiembros de la junta de gobierno. Las tres primeras horas de la vista las protagonizaron los abogados. Primero plantearon suspender el juicio para que el presidente de tribunal fuese otro que actualmente está de baja, pero la petición no fue aceptada. Luego pidieron, entre otras cosas, la nulidad de las escuchas telefónicas, pero sobre esto habrá pronunciamiento en la sentencia.

Juan José Díaz Valiño, exdiputado provincial, fue acusado de prevaricación, falsedad en documento público, tráfico de influencias y cohecho. Se enfrenta a casi cinco años de cárcel y más de veinte de inhabilitación. Los demás miembros de la junta de gobierno, uno de los cuales sigue actualmente ahora en el gobierno que ostenta el PP, no se enfrentan a penas de prisión, pero sí de inhabilitación de entre ocho y nueve años. En el banquillo también está la secretaria municipal, para la que el fiscal reclama cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación.

Valiño declaró durante casi tres horas. Su intervención fue un cara a cara con el fiscal que le fue recordando, una a una, sus presuntas irregularidades. El acusador público lo responsabilizó de haber dado contratos de obras del denominado Plan E a media docena de empresas amigas o del mismo signo político. Y a mayores le atribuyó el haber enchufado a cuatro peones dentro de un programa de cooperación para el fomento del empleo. No se acabaron ahí las imputaciones del fiscal porque este le recordó que una empresa a la que le dio la vigilancia de la piscina y cursos de natación contrató temporalmente a quien entonces era su cuñada.

El acusador público también le recordó que le había dado un contrato de suministro de energía eléctrica al campo de fútbol y a la piscina a la empresa que le puso unos halógenos en su vivienda particular sin que los hubiera pagado.

«No hubo favoritismos»

El exregidor le dijo al fiscal que durante su mandato «no hubo favoritismos» y con el sistema de contratación con el que operaban no sabían en qué empresa iba a recaer la obra. En tal sentido recordó que en aquella época, y por el Plan E, había una gran avalancha de obras y todos los ayuntamientos tenían problemas para encontrar empresas que las hicieran a tiempo para no perder la subvención. En Castro, dijo el alcalde, hicieron varios bloques de empresas, según la especialidad que tuvieran y luego les cursaban la invitación, pero advirtió que eso no significaba que inicialmente decidieran a quién le daban la obra. Negó, además, que pidiesen presupuestos a la carta.

El fiscal le sacó a relucir algunas conversaciones telefónicas en las que hablaban de que había que dar obras a empresas afines al partido, o adjudicar contratos que pudieran reportar votos. En este sentido, el regidor explicó: «Nunca le pedimos el carné político a nadie». Recordó que la empresa de un edil socialista de Cospeito no obtuvo ningún contrato.

En cuanto a la supuesta contratación de peones amigos, dijo que fue un tribunal el que decidió. A lo largo de la declaración advirtió que su cuñada trabajó en la empresa de la piscina 15 días, pero no obtuvo renovación del contrato. También dijo que los halógenos de su casa se los pagó al promotor de la obra.