Quiero dirigirme a la Administración de Justicia, en especial a la provincial, considerando que hubo y hay buenos profesionales, centrándome en la atención a causas en las que hay menores implicados y, de paso, quiero trasladar mi queja hacia los equipos especializados en áreas de psicología y psicosocial de la Administración, ya que considero que en este terreno debería contarse con profesionales bien preparados que actúen con sensibilidad, independencia, imparcialidad y objetividad, recabando y considerando todos los datos y analizando escrupulosamente todos los antecedentes, de forma que se emitan informes ajustados a la realidad y se eviten consecuencias perjudiciales sobre todo para los menores. Es cierto que se trata de una cuestión compleja, pero, atendiendo a la coyuntura actual en la cual parece darse ventaja a una de las partes, muchas resoluciones alcanzan niveles próximos a la burla e injusticia, que en algunos casos derivan en consecuencias que, por desgracia, nos son bien conocidas. Ya se advierte esto en el hecho de que este personal es en su integridad femenino, con lo cual ya queda descartada la paridad y parece fomentarse la tendencia.
Partiendo de que su labor no es fácil, quiero hacer hincapié en la acción de la Justicia, en la que a mi entender parece advertirse cierta parcialidad, cierto es que la misma ley aplicada en estos asuntos parece adolecer de falta de imparcialidad, posiblemente debido a desinterés o desconocimiento de la realidad de los legisladores, lo cual lleva «a posteriori» a la emisión de resoluciones que en muchos casos complican situaciones de tal forma que acaban derivado en actos de gravedad injustificables, pero que pueden tener su origen en una inadecuada resolución. Reconocer también que hay, en una amplia mayoría, buenos profesionales en esta área, aunque lo más generalizado es la percepción de cierta insensibilidad en estos casos, ya que se dilatan plazos, se actúa con demora, ante cualquier incidencia se procede de una forma u otra dependiendo de qué parte se trate, y ya no pensemos en que haya políticos por medio.
Quiero con esto hacer un llamamiento desesperado para que, especialmente en los casos que afectan a menores y sus familias, se trate con mayor sensibilidad, precisión e imparcialidad este tipo de cuestiones, porque medios hay más que nunca y de todo tipo para ejercer control y recabar la información y testimonios necesarios en aras de emitir resoluciones ajustadas a criterios de justicia, así como mecanismos para garantizar el bienestar de los menores y personas con más vulnerabilidad, de forma que quede desterrado el actual y lamentable panorama que percibimos casi a diario, y no me refiero solamente a hechos delictivos relacionados con la violencia de género, sino también a la generación de situaciones personales penosas derivadas de una resolución inadecuada o amparada en criterios de parcialidad. ¡Hay que pensar que algo se estará haciendo mal para que sigan aconteciendo, y desgraciadamente en aumento, casos de violencia de género y similares!