Según aclaró la FEMP, como consecuencia de los cambios legales
29 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Por los cursos que organiza el Concello para la formación de parados pasan alrededor de 700 personas, según indica la concejala de Economía e Promoción do Emprego, Sonia Méndez. Con la entrada en vigor de la ley de racionalización del gasto público, para promover nuevos cursos como los indicados, enmarcados en las medidas de fomento del empleo, el Ayuntamiento tendrá que contar con informe favorable vinculante de la Xunta; en otro caso, no podrá hacerlo.
El nuevo ordenamiento legal no deja lugar a dudas acerca de las competencias en materia de empleo. Para ver qué posibilidades tiene el Ayuntamiento de mantener una línea de trabajo que es una de las estrellas de la gestión política del gobierno local, en el consistorio decidieron pedir un informe a la Federación Española de Municipios y Provincias. Ayer llegó la respuesta, y con ella un motivo para ahondar la preocupación que el cambio legal ya había producido al equipo que preside el socialista José López Orozco.
Más burocracia
Según la respuesta a la consulta municipal, para intentar programar nuevos cursos para parados será necesario promover un expediente en el que se justifique, por un lado, que no hay riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda local, y, por otro, que no se incurre en simultaneidad con otras iniciativas similares. Y todo ello tiene que acreditarlo, mediante informe vinculante, la administración autonómica, es decir, en el caso de Galicia, la Xunta.
Así las cosas, están en el alero algunas de las actividades formativas más emblemáticas del Concello de Lugo. En síntesis, la mayor parte de la actividad que desarrolla el Centro de Empresas e Innovación.
Para el gobierno local, según expone Sonia Méndez, la nueva situación solo merece duras críticas. Por muy diversos aspectos. Uno de ellos es la evidente limitación de la autonomía municipal, al quedar condicionada una faceta de la intensa actividad que, en el caso de Lugo, viene desarrollando el Concello a los informes vinculantes de la Xunta; es decir, a la autorización o no del Gobierno gallego.
Para Méndez se crea una situación disparatada en cuanto al acceso a recursos europeos. Dice que la UE sigue efectuando convocatorias de fondos para actividades formativas programadas por los concellos, pero estos necesitarán el visto bueno autonómico para poder solicitarlos. No hay dificultad para llevar hasta el final las actividades que ya están en marcha, aclara la citada representante del gobierno local; el problema está en lo que se quiera programar para el futuro.
Diferentes situaciones
El gobierno local dice que podría ser entendible que se estableciesen algunas medidas preventivas para los concellos que tienen una difícil situación económica, pero no para los que, como el de Lugo, se encuentran en situación saneada.