14 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.
El gobierno local no quiere en el área municipal el peligroso balón que es la recién estrenada depuradora de aguas residuales por la sentencia del Tribunal Supremo que la declara ilegal por estar ubicada a menos de 2.000 metros de un núcleo de población. El pasado domingo, tras tomar posesión, el alcalde, José López Orozco, admitió no conocer la sentencia y, por tanto, no opinó sobre ella, si bien dijo que constituye otro problema a solucionar. Ayer, la concejala de Economía, Sonia Méndez, pateó el balón que le pasó Orozco y dijo: «A parte implicada non é o Concello; é a Confederación Hidrográfica a que ten que dar pasos e a que informará». La Confederación la preside el lucense Fernández Liñares.