Lugo, ya se sabe, es tierra de minifundio, provincia con querencia vieja y enraizada al leiro diminuto y disputado, empobrecedor y sofocante. Es así en el agro, pero ocurre lo mismo en otras muchas facetas de la vida social. También en la política lucense se practica un minifundismo estéril y agobiante. Son políticas que dejan que los edificios se arruinen sin uso, mientras cada partido marca su propio territorio con propuestas más pensadas para desgastar al rival que para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Así se ve en el juego que la izquierda y la derecha se traen a cuenta del uso que debe tener el pabellón de hospitalización del viejo Xeral. Es el minifundio como expresión política.
El PSOE y el BNG quieren que el pabellón sea una residencia de ancianos, que, por cuestión de competencias, es tanto como querer que la Xunta se deje un pastón en esta necesaria infraestructura. El PP de José Manuel Barreiro prefiere que la inversión venga vía ministerio, es decir, a cuenta de los recursos de que disponen los socialistas para gobernar, y propone que el viejo edificio sea la nueva Comisaría de Lugo. No parece probable que Antonio Machado, poeta de corazón limpio, pudiera escribir hoy lo que escribió ayer: «Me resisto a creer que el factor económico sea el más esencial en la vida humana y el motor de la historia».
Lugo, sí, tierra de minifundio político, territorio de parcelas mínimas dentro de partidos que se sueñan latifundios. En el minifundio político se impone el ejercicio de la política difusa y confusa, que es garantía de supervivencia. Lo sabe bien el socialista López Orozco. «O caso é que se non foi cesado nin el decidiu marchar, segue no cargo» dijo el alcalde de Lugo, candidato socialista a repetir en el cargo, para describir cuál es la situación del director general de la Policía Local, Darío Diéguez. Quizá alcance el mismo éxito que aquella explicación de Iglesias Corral sobre una grave cuestión de la política gallega: «Aquí pasou o que pasou».
Algo parecido puede decir el subdelegado del Gobierno, José Vázquez Portomeñe, para explicar por qué en una -según él- de las provincias más seguras de España los cacos están que no paran. Los amigos de lo ajeno, amén de otras muchas cosas, se han llevado la caja fuerte de la oficina de Correos de Baralla y las campanas de la iglesia de Goás de Abadín. También han visitado sin autorización ni invitación cuatro bares de la urbanización Acea de Olga, en la capital. Y así y más. Pero se ve que a los responsables policiales les ocurre como a Darío Diéguez según versión de Orozco: «Non foi cesado nin el decidiu marchar».
En la tierra del minifundio, la gestión política se hace con criterios propios de ese modo de entender la vida. Quizá es lo que le ocurre al alcalde de Palas, Fernando Pensado, que ha decidido dar de baja en el padrón a unos cuarenta vecinos. La decisión no ha sido bien entendida por una parte de los administrados y ha dado pie a una notable polémica. El socialista Horacio Rouco, que aspira a ser alcalde de Palas, exige explicaciones sobre esta repentina preocupación por el censo a tan pocos meses de las elecciones locales. La precampaña, ya se ve, agudiza el minifundismo político. Lo mismo da que se trate de la derecha, que sabe muy bien lo que quiere, que de la izquierda, que no acaba de encontrarse a sí misma. Por eso el BNG está como está y el candidato Antón Bao trata de colarse en el leiro electoral de Orozco. La izquierda nostálgica juega a la sombra de la izquierda confusa en el reino del minifundio.
El urbanismo en el juzgado
El TSXG validó la polémica expropiación de un terreno privado en la calle Armórica de la capital y ordenó ejecutar el derribo de una casa en Sarria.