La operación abierta en la Jefatura Provincial de Tráfico fue anticipada en exclusiva por La Voz de Galicia a finales de octubre. Por aquel entonces, la noticia suscitó las quejas de los funcionarios, que emitieron un comunicado en el que, entre otras cuestiones, apelaban a la responsabilidad de los medios para no servir de «altavoz de rumores infundados». La operación de la jueza también llegó a ser minimizada en algunos medios de comunicación.
Ya en su momento se informaba de que la jueza comenzó a tirar del hilo como consecuencia de una investigación por tráfico de drogas que abrió la primavera pasada. En la misma, y a través de unas escuchas telefónicas, pudo concretarse que una persona se ofreció a otra (las dos que ahora fueron detenidas) a quitarle unas multas de tráfico a través de una funcionaria «amiga» que, presuntamente, realizaba dicha tarea a cambio de una comisión.
Recursos inexistentes
Al parecer, quien se ocupaba de los trámites desde dentro hacía constar en los expedientes de cada una de las multas -que luego eran eliminadas- que se había presentado un recurso contra las mismas. Sin embargo, cuando el instructor procedía a resolver, se encontraba con que no aparecían las alegaciones. Ante esta situación, el instructor no podía contestar a las reclamaciones. Solo le quedaba la posibilidad de sobreseer el expediente.
Quien aplicaba esta mecánica creía que nunca lo descubrirían porque era muy difícil comprobar que todas las anulaciones respondían a una misma motivación. Posiblemente, hubiese seguido impune su actuación si no fuese por las escuchas telefónicas y el amplio trabajo posterior de la jueza María Estela Sanjosé Asensio.