El alcalde, José López Orozco, no sólo ha expresado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años su preocupación por las consecuencias del botellón, tanto para la salud de los jóvenes que se emborrachan con frecuencia como por la incidencia en la convivencia ciudadana, sino que se arriesgó a adquirir compromisos electorales. A finales del pasado mes de abril, durante una conferencia de prensa en la sede de su partido en Lugo, dijo que si volvía a ocupar la presidencia de la corporación municipal prohibiría beber alcohol en la calle. Igualmente, anunció que aprobaría una ordenanza reguladora de la convivencia, que tendría incidencia en el control del botellón. La nueva ordenanza quedó a la espera de que la FEMP elaborase un documento marco.
Mucho antes, el Ayuntamiento de Lugo había encargado un estudio a la USC sobre este polémico hábito social en el municipio. Costó 10.000 euros y el Bloque criticó a Orozco hace un año porque, después de disponer del citado informe, no lo aplicaba.
Fiscalía
Orozco fue presidente en el pasado mandato de la comisión de Patrimonio de la Federación Española de Municipios y Provincias. En una reunión celebrada en la capital lucense en octubre del 2004, la citada comisión adoptó, entre otros, el acuerdo de mantener una entrevista con el fiscal general del Estado para estudiar medidas frente al botellón y a los actos vandálicos en los cascos históricos.
En cumplimiento del citado acuerdo, el alcalde lucense, en compañía de su colega de Burgos, se entrevistó en julio del 2005 con el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.