?a vivienda social es vivienda protegida, pero no todos los pisos protegidos son pisos sociales. El concejal de Urbanismo, José Ramón Gómez Besteiro, asegura que «nadie va a obligar a los empresarios a construir vivienda social», es decir, las que están destinadas a los sectores sociales con menos ingresos. Recordó que a un piso de protección oficial pueden acceder familias con ingresos próximos a los 40.000 euros al año. Dijo, a modo de ejemplo, que viviendas protegidas, que no sociales, son algunas de las de la avenida Ramón Ferreiro. Por otro lado, el mismo edil indicó que las previsiones de reserva de suelo para pisos protegidos recogidas en el Plan General de Ordenación Municipal están poco por debajo del 40% que prevé el anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda que perfila la Xunta. Manifestó: «En el PGOM se prevé en toda la ciudad, sobre el total del suelo urbanizable, un 33% de vivienda sometida a algún régimen de protección pública; hay sectores en los que, en convenio con Vivenda, la protección puede llegar al 90%». El mismo miembro del gobierno indicó que si no se quiere crear guetos, es preciso distribuir por todo el ámbito urbano las viviendas sociales. Los costes económico-sociales de su agrupación son considerablemente altos, dijo el concejal delegado del alcalde para Urbanismo.