En la provincia afecta a 2.865 trabajadores de la Administración del Estado La empresa que lo gestionará es del BBVA y por parte de los sindicatos, CC.?OO. y UGT
11 nov 2004 . Actualizado a las 06:00 h.La Confederación Intersindical Galega (CIG) denunció ayer la obligación de hecho que tendrán medio millón de funcionarios de la Administración central de aceptar un plan de pensiones acordado hace dos años entre el Gobierno y los sindicatos CC.?OO., UGT y CSIF. Se trata de una iniciativa para complementar las pensiones de la Seguridad Social y que, según acordaron en la reunión de la mesa de negociación el año pasado, para este ejercicio tiene asignada una cantidad de 54.645.400 euros, que equivale al 0,5?% de las retribuciones totales de los funcionarios estatales. En la provincia de Lugo afecta a 2.865 empleados públicos, según señalaron Manuel Ferreiro Vega y Jesús Villaverde, responsables comarcales de las áreas de administración pública y de la del Estado, respectivamente. La gestión y custodia del plan fue adjudicada a la empresa Gestión de Previsión de Pensiones, participada en un 70% por el BBVA y en un 15% por cada uno de los sindicatos CC.?OO. y UGT. Según la CIG, los beneficios para los funcionarios serán ridículos porque uno que se jubile dentro de 20 años podría cobrar una cantidad alzada de 3.300 euros de los de ese año, y con los fondos asignados para este ejercicio, a un funcionario le corresponderían 82,81 euros, además de 4,2 euros por cada trienio de servicio. Ferreiro y Villaverde puntualizaron que, aunque en teoría la participación es voluntaria, en la práctica resulta obligatoria, porque el funcionario que renuncie pierde sus derechos. Por eso la CIG no pedirá a nadie que no lo acepte, pero sí propondrá a los trabajadores públicos que reclamen que su parte sea incrementada en el sueldo. Antes de adjudicar el plan fue constituida una comisión promotora integrada por 11 en representación de los promotores y otros tantos en representación de los partícipes, correspondiendo de estos últimos cuatro a CC.?OO., otros tantos a UGT y tres al CSIF. Como dos de los sindicatos participan en la empresa administradora, ésta tiene más presencia en la comisión, que ahora se transformó en la de seguimiento, según entiende la CIG.