Los portavoces de la oposición acusan al presidente del fallo judicial «por ser o impulsor» de los programas El regidor condenado, Manuel Casanova, no acudió ayer al pleno
23 feb 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Minutos antes de dar comienzo ayer el pleno ordinario mensual circulaban por el hemiciclo de San Marcos copias del teletipo que daba cuenta de la sentencia que condena al regidor y al ex alcalde de A Pobra de Brollón por malversación de subvenciones concedidas por la Diputación. Quizás esta circunstancia y la ausencia del regidor condenado Manuel Casanova, también diputado del PP, motivó que el debate previo a la aprobación del Plan de Obras e Servicios se desviara hacia el estudio de las reclamaciones que los socialistas presentaron a las bases que rigen el concurso de subvenciones a comunidades vecinales para obras y actividades culturales y sociales, y que no fueron aprobadas. Los críticos argumentos por parte de los portavoces del PSOE y BNG se sucedieron al mismo ritmo que el presidente Francisco Cacharro marcaba el tiempo de cada intervención. Fue el diputado Fernando Blanco (BNG) el encargado de romper el hielo avanzando el contenido de la sentencia y exigiendo la retirada del plan de comunidades «para, a continuación, elaboralo de forma consensuada cos concellos e con baremos de adxudicación». Tanto BNG como PSOE coincidieron en acusar a Cacharro de ser el impulsor del plan «e por iso, dalgunha maneira, vostede tamén está condenado», aclaró Blanco. Manuel Martínez, portavoz socialista, recordó que las acusaciones del PSOE propiciaron el fallo judicial, acusó a Cacharro de ser «o incitador do plan» y le pidió que no se repitiera el caso de O Saviñao «do que seguimos esperando que pague o que adeveda á Deputación, aínda que ¿cómo lle vai reclamar que lle devolva os cartos a alguén da súa familia?». Rodríguez Andina (PP) reprochó al PSOE su valoración y le recordó la polémica por una subvención concedida por el Gobierno tripartito en O Courel: «La concesión de una subvención ¿supone que se está haciendo algo malo?». Cacharro ratificó su postura asegurando que «el hecho de que una asociación esté legalmente constituida no es garantía de que gestione bien y no cometa ninguna irregularidad administrativa». No fue el único momento en el que la sentencia marcó el debate. Blanco, que prefirió no valorar a fondo el fallo, le preguntó a Cacharro por las razones que impedían modificar el plan «cando vostede recoñece que (el plan) xenera conflictos». Cacharro confirmó que la justificación de la subvención ante el organismo provincial fue correcta y, además, confesó no conocer la sentencia, momento que aprovechó Xaime Cancio (PSOE) para instarle a que consultara la noticia que ya circulaba por Internet a primera hora de la tarde.