TRIBUNA | O |
10 jul 2003 . Actualizado a las 07:00 h.LAS mujeres inmigrantes son un colectivo social e institucionalmente invisible, marcado por una triple condición discriminatoria. Son mujeres, inmigrantes e indocumentadas. La inseguridad de su situación personal, la ausencia de apoyo legal, las barreras culturales o la percepción de las instituciones públicas más como amenaza que como fuente de protección, son algunos de los factores que inciden en la indefensión que padece este colectivo ante los abusos y que hace que éstos queden impunes. Amnistía Internacional afirma que el Gobierno español no garantiza el acceso de estas mujeres a los recursos públicos disponibles, ni protege de forma diligente sus derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad personal y a la justicia. Las mujeres inmigrantes indocumentadas en ocasiones no tienen a sus familiares cerca, no cuentan con apoyos en una sociedad nueva para ellas y las instituciones les niegan el acceso a los ya de por sí insuficientes recursos para mujeres que sufren violencia, por carecer de permiso de residencia. A pesar de que el Gobierno español ha suscrito las normas básicas sobre protección de derechos humanos de las mujeres, es necesario todavía que el Estado cumpla con las indicaciones de la Relatora Especial de la ONU y ratifique cuanto antes la convención Internacional sobre Protección de los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de 1990. El endurecimiento de los trámites de empadronamiento da lugar a una situación de invisibilidad administrativa para muchas de las personas inmigrantes, que afecta al goce afectivo de sus derechos humanos.