Ferreiro, que insiste en varias ocasiones en la investigación abierta para depurar responsabilidades públicas y jurídicas, por lo que califica como «grave daño moral sufrido condenándonos públicamente», hace alusión a la propiedad del local que la CEL tiene alquilado en la calle San Froilán, donde están la Federación Gallega de Comercio y Alufonca. Niega que pertenezca a un directivo de la CEL. El ex tesorero de la patronal se refiere a un local, cuya propiedad figura a nombre de Antón Calzadilla Vicente, fallecido hace unos dos meses, y que fue sede de los últimos negocios conocidos del secretario general de la patronal lucense, José María López Bourio; posteriormente lo ocupó el Cise, hasta su traslado al polémico local de Montero Ríos y actualmente es la sede de la Federación Gallega de Comercio y de la asociación de fontaneros. «Se puede constatar -apunta Ferreiro que la familia propietaria nada tiene que ver con ninguna persona vinculada a la CEL y, aunque así fuese, nada habría de ilegal en ello como se insinúa pues, al ser la CEL una entidad privada, no existen incompatibilidadades en la contratación». Puntualiza el ex tesorero que este tipo de contrataciones son habituales «estableciéndose relaciones con los proveedores de bienes y servicios». No ocultan nada Manuel Ferreiro Fernández apostilla que los órganos de gobierno sólo tienen que pronunciarse en cuestiones relacionadas con compras, ventas, concesión de créditos bancarios, «y operaciones que impliquen compromisos de envergadura, con lo que no existe ningún tipo de ocultación de información». Manuel Ferreiro advierte que si «una cuestión como ésta se ha convertido en noticia sensacionalista, puede salir cualquier otra basura, alquiler de equipos informáticos, de maquinaria, compras a proveedores, etcétera, que, planteadas de forma sesgada, como hasta el momento, crea la opinión de que existe algo sucio, oscuro, ilegal, cuando no hay nada criticable ni perseguible». Advierte además de que cree que se está manipulando a la opinión pública. Manuel Ferreiro conmina a los 283 miembros con derecho a voto de la trascendental asamblea del día 7 a que «o cesamos todos o nos mantenemos todos». «O cesamos todos -insiste en el escrito- o nos mantenemos todos para, dentro de la legalidad estatutaria, salir de esta situación, pero sin difamación y sin manipulación pública, como hasta la fecha ha sucedido».