Besteiro cree que la medida no conllevará reducciones en los precios de venta de pisos En el «paquete» de medidas liberalizadoras aprobadas por el Gobierno el pasado 23 de junio, se encuentra una, la referida al suelo, que recibe distintas consideraciones desde la administración y los constructores de Lugo. En el primer caso, además de albergar dudas sobre si choca con su derecho a planear el desarrollo urbanístico del municipio, se teme que permita un crecimiento edificatorio descontrolado, sin que ello suponga una reducción del precio de venta de las viviendas.
22 jul 2000 . Actualizado a las 07:00 h.El Ayuntamiento, a través de su concejal delegado de Urbanismo, José Ramón Gómez Besteiro, comenzó a analizar el decreto gubernamental de liberalización del suelo, cuyo contenido puede afectar a la reforma del planeamiento urbanístico municipal que se está desarrollando desde el pasado año. El concejal socialista destacó que el decreto establece que todo lo que no sea suelo no urbanizable por estar sujeto a alguna de las condiciones que le permiten ser de especial protección (riqueza patrimonial o medioambiental, por ejemplo), será susceptible de ser edificado. Esto se traduce en la práctica, según Besteiro, en que la iniciativa privada podrá emplear la gran mayoría de la superficie del municipio para construir siempre y cuando se conecten las viviendas con los servicios públicos municipales. Y esto puede suponer, a su juicio, que «el Concello se encuentre atado de pies y manos para decidir por dónde debe crecer la ciudad, o con qué dotaciones, ya que existe el riesgo evidente de que proliferen ciudades alternativas en cualquier punto». El edil destaca además que, pese a las medidas liberalizadoras tomadas con anterioridad por este Gobierno, «desde marzo de 1999, el precio de la vivienda nueva y usada se incrementó un catorce por ciento. Entonces, ¿vale la pena seguir liberalizando?» Dejó ver además su preocupación, que no sólo la administración de Lugo, sino que también otras locales y autonómicas ya han mostrado, porque este decreto atente contra los derechos de dichas administraciones a establecer sus planeamientos urbanísticos.