La obra fue paralizada cautelarmente por orden municipal Los promotores amenazan con denunciar otras irregularidades urbanísticas
13 nov 2003 . Actualizado a las 06:00 h.?ace más de cuatro años que no se mueve un ladrillo en el edificio en construcción del número 60 de la calle Rosalía de Castro, en Escairón. Las obras fueron paralizadas en junio de 1999 por orden del Concello después de que un particular las denunciase porque el edificio era más grande de lo que las normas urbanísticas permiten en ese lugar. Los promotores reclaman al Concello que levante la paralización. Argumentan que los responsables municipales cometieron errores que invalidan todo el procedimiento de sanción, y se quejan de haber sido castigados por algo que es poco menos que práctica habitual en O Saviñao. El edificio no es obra de una constructora, sino de dos hermanos Manuel y Carlos Rodríguez García, un albañil y un chapista, que decidieron invertir el dinero de una indemnización en este proyecto. Manuel admite que el edificio tiene cinco metros más de fondo de los que están permitidos en esa calle. Pero recuerda que el proyecto obtuvo el visto bueno de la comisión de gobierno del Concello. «Logo parárono pola denuncia, pero non recoñecen que se equivocaron ó darnos permiso», se queja. Y es que en esa supuesta equivocación está el meollo del argumento legal al que apelan que estos dos hermanos para echar abajo la orden de paralización. Según su tesis, el Concello recurrió indebidamente a un expediente de reposición de la legalidad en vez de hacer una revisión de oficio del permiso que había concedido. El expediente de reposición caduca a los seis meses, y este plazo, evidentemente, ya está más que superado. El caso está en los tribunales desde hace tiempo. En noviembre del año 2002, un primer recurso contencioso interpuesto por los dos afectados contra la orden de paralización no fue admitido a trámite porque llegó fuera de plazo. Hace un mes presentaron otro recurso contencioso, esta vez porque en enero la alcaldía se negó a darles permiso para seguir con la obra visto que el expediente de reposición de la legalidad había consumido sus seis meses de vigencia legal. Diálogo razonable Fuera de los juzgados, los responsables municipales y los promotores de esta obra se reunieron en varias ocasiones para tratar de encontrar una solución al problema. El alcalde, Joaquín González, dice que ellos siguen abiertos a dialogar, pero apela a los dos afectados para que «sexan razonables» y recuerda que todas las obras tienen que respetar «os planeamientos urbanísticos e os proxectos». En cualquier caso, González rehúsa dar más explicaciones sobre este caso hasta que los tribunales no lo resuelvan. Los promotores también esperan que hablen los jueces, pero se confiesan cansados de esperar y temen por los 22 millones de pesetas que les dio tiempo a gastar en la obra hasta que llegó la clausura -el proyecto completo cuesta 46,2 millones de pesetas, 277.000 euros-. Por eso se quejan de que no todas las obras son tratados con el mismo rasero en Escairón, y amenazan con tirar de la manta. «Se non hai arreglo en 15 días, chamarei á inspección urbanística para que veña a Escairón», advierte.