Arias Armesto está acusado de irregularidades en las obras del Plan de Comunidades Vecinales Después de cuatro años de espera, el denominado «caso Pobra» podría entrar, en breve, en su recta final. El ex-alcalde de este municipio del sur lugués se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados puesto que el ministerio público le imputa sendos delitos de falsedad y malversación de caudales públicos. Con Antonio Arias Armesto es posible que sean juzgados algunos ediles del PP. Todos ellos fueron culpados de cometer irregularidades diversas en el Plan de Comunidades de la Diputación.
17 feb 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Están a punto de cumplirse cuatro años desde que fue presentada la denuncia por parte del grupo municipal socialista, y la justicia todavía no fue capaz de resolver el caso del Plan de Comunidades Vecinales de Pobra de Brollón. El expediente es complejo pero permaneció durante bastante tiempo en los cajones de un juzgado monfortino sin que se moviese un solo papel. Ahora todo apunta, según informaron diversas fuentes, a que el asunto entra en su recta final. Acabaron todos los trámites y fue enviado para ser calificado a la fiscalía lucense. El ministerio público imputa al ex-alcalde, Antonio Arias Armesto, los delitos de malversación de caudales y falsedad en documento público. La misma acusación que pesa sobre el ex-regidor municipal podría recaer también en algunos de los ediles que le acompañaron en el anterior mandato. El 25 de marzo de 1997 los ediles socialistas de Pobra de Brollón presentaron en Monforte la denuncia contra quien por aquel entonces era alcalde, cuatro concejales del PP, dos ex-ediles y diez personas más por malversación de fondos públicos, apropiación indebida y falsedad documental en más de diez proyectos que pertenecían al Plan de Comunidades Vecinales, que pagaba la Diputación Provincial y que, supuestamente, no llegaron a ejecutarse. En su momento, Pablo Fernández, el portavoz de los socialistas, expresó que el Ayuntamiento cobró las subvenciones para las obras pero «non aparecen nin as dotacións nin os cartos». Según la documentación que consiguieron los socialistas, el ex-alcalde y varios compañeros de partido y de corporación, así como también otras personas que fueron ediles, formaban parte de las comisiones vecinales que propusieron las obras y que luego, supuestamente, cobraron las subvenciones. La composición de las comisiones, sería la primera irregularidad detectada. En principio, no se sabe a dónde fueron a parar unos 17 millones de pesetas o, al menos, los socialistas no encontraron ningún rastro de su inversión. En su momento, propusieron la creación de una comisión de investigación al pleno y fue aprobada; el alcalde, para sorpresa socialista, matizó que debería presidirla él.