El aviso a la Guardia Civil no llegó de los servicios veterinarios de la Xunta
26 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El caso de la granja de Chantada en la que el año pasado fueron descubiertos restos de decenas de vacas muertas no lo destaparon las inspecciones de los servicios veterinarios de la Xunta. Si la Guardia Civil entró en esa explotación ganadera fue porque un denunciante anónimo puso a sus agentes sobre la pista de lo que estaba ocurriendo. Lo desveló ayer uno de los guardias que entraron en la granja el 8 de abril del 2016 y vieron que había restos en descomposición y huesos de numerosas reses.
El juzgado de Chantada había citado a declarar ayer a los dos guardias civiles que entraron los primeros en la granja del lugar de Axulfe en el que estaban las vacas muertas. Se lo había pedido a la jueza el abogado Víctor Valladares, que ejerce la acusación particular en nombre de varios refugios de animales. Los guardias ratificaron la dura descripción de lo que vieron que ya figura en el atestado policial. En la granja había dos sacos de gran capacidad con restos óseos y otros cadáveres putrefactos todavía a la vista. En cuanto a las que todavía estaban vivas, algunas caminaban entre purín y otros trataban de descansar en camas de hierba llenas de excrementos. Un recuento posterior, demostró que en esa explotación ganadera había restos de cadáveres de al menos 39 vacas de diferentes edades. Otros 24 ejemplares seguían con vida, pero mal alimentadas. Todas las supervivientes fueron enviadas a sacrificar a mataderos poco después por su propietario.
El único investigado en este caso es el dueño de la granja, un ganadero que cuando declaró en el juzgado admitió que se había quedado sin dinero para comprar pienso, pero que las alimentaba con hierba y que atribuyó la mortandad masiva de sus animales a una intoxicación por un silo en mal estado.
No hubo aviso oficial previo
Los guardias civiles que declararon ayer explicaron también a la jueza que investiga lo sucedido que en un caso así ellos pueden actuar de oficio o previo aviso de los servicios veterinarios de la Consellería de Medio Rural. En este caso, no hubo advertencia de la Xunta. La jueza tiene que decidir ahora si pide a la consellería informes sobre los controles efectuados en esta granja durante los meses y años previos a la muerte de las reses. Los pidió la acusación particular, que quiere determinar si la administración cumplió con su deber de vigilar que no ocurran cosas así o si, por el contrario, no llevó a cabo las inspecciones a las que está obligada por ley.