La muralla medieval de Monforte busca dueño

Ayuntamiento y Xunta descartan ser los titulares, y los expertos sugieren que hay tramos de titularidad privada


MONFORTE / LA VOZ

La antigua fortaleza medieval de Monforte, con sus 815 metros de perímetro, no tiene dueño. Al menos, nadie se quiere hacer cargo de ella. La Xunta de Galicia se curó en salud en el Parlamento cuando el grupo socialista pidió fondos para acometer una restauración gradual. Por mediación de la diputada del PP Julia Rodríguez, concejala a su vez de la corporación municipal, dejó claro que no le compete la titularidad del monumento. El alcalde piensa justamente lo contrario. Si algo tiene claro, en todo caso, es que la muralla no pertenece al Ayuntamiento. Quedarían otras dos opciones sobre la mesa: que esté en manos de los propietarios de las fincas adyacentes o que los derechos sigan en la casa de Alba, heredera de los bienes de los condes de Lemos. Los historiadores tampoco se ponen de acuerdo.

La Xunta reniega de la titularidad de la muralla, pese a que costeó la restauración del tramo que se vino abajo en el año 2001. Las indemnizaciones a los particulares cuyas viviendas resultaron dañadas, corrieron a cargo, sin embargo, del seguro de responsabilidad civil que tiene concertado el Ayuntamiento. La condición de Bien de Interés Cultural implica la tutela del monumento por parte de la administración autonómica, pero la titularidad al menos en ese caso parece ser claramente municipal.

El proyecto de consolidación y recuperación que encargó al Xunta al estudio del arquitecto José María Alonso Montero se abre con un exhaustivo estudio sobre la historia de la muralla. Su autor, el investigador monfortino Jorge Vila Alonso, cree que lo más razonable es que puedan aparecer varios propietarios en algunos tramos de la fortificación. Sin descartar a la propia casa de Alba, en la que recayeron en su día los bienes de los condes de Lemos.

Iván Álvarez Merayo, responsable del control arqueológico de la última limpieza integral de la muralla, pone en cuestión su titularidad pública. «Non está claro que a propiedade sexa dunha administración. O meu punto de vista é que cada parte é do seu dono. Onde estea en fincas privadas, a titularidade sería dos propietarios dos terreos», apunta este experto. Jorge Vila, por su parte, considera que la titularidad privada del monumento solo podría acreditarse de forma excepcional en algún caso aislado. «Nadie le vendió la muralla a los propietarios de las fincas adosadas. Una cosa es que el terreno figure a su nombre y otra distinta que sean dueños el monumento», argumenta.

Un caso llamativo

El estudio histórico que realizó para el proyecto de consolidación y recuperación de la muralla de San Vicente, entregado por el equipo redactor a la Dirección Xeral de Patrimonio en el año 2008, pone de relieve que la ocupación de los terrenos próximos a la muralla se fue extendiendo al tiempo que perdía su carácter defensivo. Despojada de esta utilidad, comenzó a verse como un estorbo por parte de los propietarios colindantes. Entre la documentación a la que tuvo acceso Jorge Vila, figura una solicitud de derribo de una de las torres de la fortificación de un particular que se quejaba de que daba sombra a su huerta.

«No existe ningún otro burgo medieval rodeado por una muralla en toda Galicia. En otros lugares, los ayuntamientos tratan de hacerse con los pocos restos que quedan de las antiguas fortificaciones. Aquí se conserva la estructura casi íntegramente y nadie quiere saber nada de ella», se queja este investigador.

La Casa de Alba, otro posible propietario de la fortaleza

Las posesiones de la Casa de Alba en Monforte datan del siglo XVIII, cuando heredó el título que había pertenecido a la extinta dinastía de los Castro. El último descendiente de esta familia, Joaquín López de Zúñiga, decimotercer conde de Lemos, falleció en octubre de 1777 sin descendencia. Su título y propiedades pasaron al ducado de Berwick, que sería absorbido poco después por la Casa de Alba. Entre los bienes que incorporó a su extenso patrimonio se encontraba las fortalezas de Monforte y Castro Caldelas.

El estudio histórico del proyecto de consolidación y recuperación de la muralla se hace eco precisamente de un pleito interpuesto por la Casa de Alba en 1812 por la apropiación de piedra de la fortaleza por un particular. La denuncia fue formulada, concretamente, por Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva. Los investigadores también consideran probado que la Casa de Alba permitió el uso de material de la fortificación para obras en el monasterio de San Vicente.

El decimosexto duque de Alba llegó a plantear, en el año 1890, la posibilidad de sacar a subasta la piedra de algunas de las fortificaciones que poseían en Galicia. El rechazo social que suscitó la noticia movió a la casa nobiliaria a dar marcha atrás.

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