La corporación municipal de Chantada celebró ayer un pleno en un ambiente muy poco habitual. La sesión se desarrolló en presencia de un buen número de trabajadores del parque comarcal de bomberos que se presentaron en la sala con sus uniformes completos de trabajo. Con este singular gesto, los bomberos quisieron expresar su respaldo a una moción que fue votada y aprobada en el pleno -con la abstención de los ediles del PP- en la que se insta a la Xunta y a la Diputación para que solucionen el conflicto que mantienen desde hace tiempo con la empresa Natutecnia, que gestiona el parque. En la propuesta se pedía también que la gestión del servicio pase a ser de carácter público.
La moción fue presentada por vía de de urgencia por el propio alcalde, Manuel Varela, a petición de los bomberos, quienes también solicitaron el apoyo de los demás grupos políticos. El regidor recordó que el Ayuntamiento no tiene competencia alguna sobre el parque comarcal y que la responsabilidad corresponde al Gobierno autonómico y a la Diputación. «Sobre todo á Xunta, porque é a que marca o mapa de emerxencias de Galicia», apuntó. Al apoyar las peticiones de los bomberos -agregó Varela- lo único que hace el Ayuntamiento «é simplemente botarlles unha man dentro do que é posible».
Un conflicto prolongado
El conflicto que se registra en el parque chantadino es el mismo que también se viene dando desde hace tiempo en los de Monforte y Sarria, todos los cuales son gestionados por Natutecnia. Los parques ubicados en los municipios coruñeses de Cee, As Pontes y Nanutecnia, que lleva igualmente esta empresa, se hallan en una situación. Lo que reclaman los trabajadores de todos estos centros es una mejora en las condiciones laborables, especialmente en la cobertura económica en periodos de baja, y piden un convenio que los iguale en este aspecto a los demás parques de bomberos de Galicia.
Con el fin de exigir esta reforma, el sindicato profesional de los bomberos gallegos convocó en todos los parques gestionados por Natutecnia una huelga indefinida que empezó a principios de septiembre pero no tuvo mucha repercusión, ya que los efectivos de servicios mínimos son casi los mismos que los que trabajan de forma habitual.