Durante el año pasado, los tribunales lucenses dictaron un total de nueve sentencias correspondientes a asuntos de siniestralidad laboral. La mayoría de ellas fueron condenatorias. Ninguna de ellas implicaba el ingreso en prisión.
Hasta ahora, ningún industrial fue encarcelado por razón de un accidente laboral. En cambio, la Audiencia Provincial dictó una sentencia que condenaba al constructor José Luis Mahía Pacín a cumplir tres años y medio de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores que nada tenía que ver con percances laborales con resultado de lesiones.
El empresario acabó siendo detenido a finales de marzo de este año por agentes de la Guardia Civil para proceder a su ingreso en prisión para el cumplimiento de la sentencia. Había sido juzgado en marzo de 2010 tras la acusación formulada por el fiscal en relación con la explotación de que fueron víctimas obreros uruguayos que trabajaron en una obra del condenado en la zona de A Piringalla.
En su momento, el fiscal había puesto de manifiesto que el constructor contrataba verbalmente a trabajadores inmigrantes aún sabiendo que carecían de los permisos de residencia y trabajo. Asimismo, abusó de los mismos, sabiendo que éstos se encontraban en situación de necesidad. Les imponía condiciones ilícitas contrarias al Estatutos de los Trabajadores. Las jornadas laborales eran, a veces de nueve horas y media.