La sentencia estima «totalmente legítima la protesta de los ganaderos ante el estado de necesidad en el que les colocaba la rebaja del precio de la leche y con el fin de llamar la atención de las autoridades sobre una problemática que afectaba a un gran número de familias». Cree, sin embargo, que esta circunstancia no puede dar cobertura «a comportamientos vandálicos que en nada ayudan a mejorar la situación, sino que por el contrario, en palabras de uno de los dirigentes sindicales proferidas en la fase instructora, sólo acarrean desprestigio social». Abunda en que lo logró el grupo de 300 personas que entraron a la fuerza fue que la opinión pública se centrara en el orden público, en lugar de en las reivindicaciones de los ganaderos, que era lo que éstos pretendían.
La sentencia alude a que el estado social y democrático de Derecho «pone al alcance de los ciudadanos medios legales y pacíficos para denunciar una situación juzgada como injusta e insostenible sin tener que recurrir a las reprochables vías de hecho».