El presidente de la Diputación firmó ayer los contratos de venta de un nuevo lote de las parcelas que ocupará la empresa Pacadar al lado del polígono industrial de O Reboredo. Con los terrenos escriturados ayer, el organismo provincial tiene ya en su poder el 70% de los 100.000 metros cuadrados que necesita esta empresa para la fábrica que quiere poner en marcha en Monforte.
José Ramón Gómez Besteiro acudió a la una de la tarde a la notaría de la calle Roberto Baamonde, acompañado por el portavoz municipal socialista, José Tomé. Allí los esperaban los veintiocho propietarios de ocho fincas para las que ya se había conseguido todos los permisos y documentación necesaria.
La Diputación escrituró el pasado 10 de mayo en la misma notaría el primer lote de terrenos. Lo previsto inicialmente era firmar por aquel entonces las escrituras de los 100.000 metros a la vez, pero en algunos casos la necesidad de poner de acuerdo a múltiples propietarios de una misma parcela y la cantidad de documentación que es preciso cumplimentar acabó retrasando el proceso. A modo de ejemplo, una de estas parcelas tenía catorce propietarios. Los responsables de la Diputación esperan poder cerrar la compra del 30% en las próximas semanas.
Al margen de las elecciones
Tras la firma de las escrituras, tanto Besteiro como Tomé destacaron, como ya habían hecho en mayo, la importancia que el proyecto de Pacadar tiene para Monforte. El presidente de la Diputación afirmó que esta nueva firma demuestra «que este proxecto avanza independentemente dos procesos electorais». José Tomé, subrayó que la apertura de Pacadar tendrá un efecto importante sobre el conjunto de la economía monfortina, «porque as estatísticas din que cada posto de traballo industrial, e aquí van ser cen, xera outros catro indirectos».
El convenio firmado en febrero entre la Diputación y Pacadar compromete a la empresa a construir su fábrica en Monforte en un plazo no superior a veinticuatro meses. Pero para eso la empresa debe tener en su poder el terreno necesario y con la calificación urbanística que le permita trabajar. Cuando la compra se complete, la responsabilidad de que el proyecto siga adelante pasará a ser de la Xunta, que tiene la última palabra en la transformación de este suelo de rústico, su calificación actual, a industrial.