La llamada Operación Carioca que se está desarrollando por la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo está poniendo de manifiesto que una ciudad tranquila y en la que nunca pasaba nada, venía albergando una trama de corrupción mafiosa.
Propietarios de burdeles y agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la cárcel, empresarios, médicos, policías locales, subinspectores de policía, funcionarios de la Brigada policial de Extranjería, guardias civiles, funcionarios del departamento de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno y el propio ex subdelegado del Gobierno, vienen constituyendo la abultada lista de imputados en este asunto. Y dada a diversidad de ámbitos de los que estos proceden, o mucho nos equivocamos, o estamos ante una estructura corrupta perfectamente organizada.
Sin embargo, la importante relación de imputados y la sucesión de acontecimientos que están saliendo a la luz pública, muy graves y dañinos, por cierto, como son: el tráfico de drogas, la prostitución y la trata, las conductas abusivas que iban dirigidas a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad, el presunto boicot a la investigación judicial (fallos informáticos, puertas de oficinas que son forzadas, guardias civiles que se «lían» en el juzgado, presunto trato de favor a reos encarcelados, policías nacionales de asuntos internos que se niegan a detener a sus compañeros...) a nuestro juicio no están siendo objeto de un rechazo contundente desde los distintos ámbitos de la sociedad. Ni por parte de los poderes públicos, ni por parte de los medios de comunicación más representativos de la ciudad.
El entorno de la prostitución y de la trata se está visibilizando desde una perspectiva morbosa y no como un problema social, que lo es, tanto por la gravedad de los hechos que entraña como por las consecuencias negativas, físicas y psicológicas, que suponen para las mujeres, además de la coyuntura de debilidad, de inseguridad y de riesgo a la que se exponen.
Así es que estas mujeres abusadas y prostituidas no se nombran, por lo tanto, no existen para la sociedad. ¿Cuántas son?, ¿dónde están?, ¿cuál es su situación actual?
Los colaboradores necesarios para que exista la prostitución y la trata, que son los clientes, no se «tocan», ni se cuestionan, ni se visibilizan informativamente. Visualizar al cliente, que probablemente sea un conocido, un familiar , o un sujeto posicionado en la vida pública, puede «perjudicar» a la sociedad.
Tampoco se le da relevancia en los medios, ni por parte de las instituciones afectadas, a la desconfianza que supone para la ciudadanía que servidores públicos imputados continúen percibiendo sus honorarios del erario público y que en algunos casos no se les haya abierto un expediente disciplinario. En cambio, ponen el acento en manifestaciones de preocupación por la imagen de la ciudad, o «se presiona» desde algún medio de comunicación para que se levante el secreto del sumario, o se insiste por parte de distintos representantes políticos en reclamar la presunción de inocencia, como si en entredicho estuviesen las garantías procesales.
Paradojas difíciles de entender para las ciudadanas y los ciudadanos que creemos en las instituciones del Estado y en el propio Estado de Derecho.
Y por eso exigimos a los poderes públicos, en general, y a las instituciones afectadas, en particular, que se dejen de ambigüedades y que actúen con firmeza con comportamientos por lo de pronto «irregulares» de algunos de sus subordinados. Y a la jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo trasladarle nuestra solidaridad, ya que actuaciones coma las que ella está llevando a cabo sirven para que no olvidemos que mal que les pese a algunos, por encima da ley no pasa nadie.