Juzgado un constructor acusado de explotar a obreros uruguayos sin papeles

La Voz

LEMOS

El constructor J.L.M.P. se enfrenta a una petición de pena por parte del fiscal de dos años de prisión y a seis que reclama la acusación particular por una presunta explotación de trabajadores uruguayos sin papeles. Los afectados supuestamente trabajaban unas nueve horas diarias y cobraban nos 700 euros mensuales. Junto al empresario también fue juzgado el encargado de la obra para quien la acusación particular también pide la misma pena, sin embargo el fiscal (que pedía inicialmente que fuese castigado con un año y nueve meses) acabó retirando la imputación tras la celebración del juicio, ayer en la Audiencia Provincial de lugo.

El fiscal sostuvo que el constructor contrataba frecuentemente de forma verbal a personas de nacionalidad extranjera conociendo que carecían de los permisos de residencia y trabajo exigidos por la legislación vigente. De este modo, dijo, eludía el cumplimiento de las formalidades legales y, en concreto, el alta en la seguridad social. Por esta razón, la Inspección de Trabajo levantó diversas actas de infracción contra el acusado.

La acusación pública sostuvo que el constructor se aprovechó de la situación de dichos trabajadores y abusó de la situación de necesidad en la que se encontraban en España sin ingresos. Supuestamente les imponía condiciones ilícitas contrarias al Estatuto de los Trabajadores.

Durante el mes de diciembre de 2006, en la obra que ejecutaba su empresa en la confluencia de la calle Atalaya con Aceroleiro, en A Piringalla, fueron encontrados ocho trabajadores de nacionalidad uruguaya en situación presuntamente irregular. Uno de ellos trabajaba nueve horas y media de lunes a viernes a cambio de 780 euros y supuestamente recibió instrucciones para esconderse o dar un nombre falso en caso de que se presentara un inspector.

Otro de los trabajadores hacía 45 horas semanales por 600 euros y recibió orden de dar nombre falso a la inspección si aparecía en la obra. Un tercer obrero trabajaba por 800 euros y le descontaban 90 por cada día de ausencia. Tenía que esconderse si venían los vigilantes.